AGENCIAS | MADRID
El Tribunal Supremo admitió a trámite la querella interpuesta por dos abogados contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con la organización de unos cursos en Nueva York entre 2005 y 2006, cuando disfrutaba de un permiso de estudios, que fueron patrocinados por el Banco Santander. A su vuelta a España, el juez archivó una causa que tenía pendiente contra directivos de la entidad, según la denuncia.
Para la investigación de los hechos se designa instructor al magistrado Manuel Marchena, que dirigirá la investigación contra el titular del Juzgado de Instrucción número 5 por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y estafa. Garzón tiene también pendiente su posible procesamiento por otra querella por prevaricación, por investigar las desapariciones del franquismo.
Esta nueva acción penal contra Garzón, impulsada por los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea, se produce después de que en marzo de 2009 el Supremo archivara una primera querella por el mismo asunto. El Consejo General del Poder Judicial cerró la investigación el pasado mes de julio sin aplicarle ninguna sanción disciplinaria. Al parecer, la aparición de unas cartas del juez a Botín pidiéndole el dinero y agradeciendo su entrega ha hecho que el Supremo admita ahora la querella.
El auto notificado ayer por la Sala de lo Penal, del que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, justifica la admisión ahora de la querella en el conocimiento por la Sala de un hecho nuevo denunciado por los letrados, "que el propio querellado solicitó personalmente a la entidad bancaria la entrega del dinero para sufragar los gastos que originarían unas actividades en las que participaría directa y personalmente de una forma relevante".
En los razonamientos jurídicos del auto, dictado en contra del criterio fiscal, que instó el archivo de las actuaciones, se distingue entre tres hechos: la presunta ocultación por Garzón de la percepción de un sueldo en atención a sus actividades en la Universidad de Nueva York; el archivo de una querella presentada contra el presidente del Santander, Emilio Botín, que podría tener relación con el incumplimiento de su deber de abstención; y finalmente, la solicitud a esta entidad del patrocinio de los cursos, efectuado personalmente por el magistrado.
Respecto al primero de los hechos señalados, el Supremo estima que ya fue examinado el pasado mes de marzo, cuando se decidió archivar la primera querella e informar al respecto al CGPJ, que no observó falta disciplinaria en la conducta del juez. El hecho nuevo a tener en cuenta se relaciona con la solicitud al Santander, según los querellantes, del dinero para sufragar los gastos de los cursos.
"El presidente de la referida entidad bancaria se encontraba en calidad de imputado en algún procedimiento en la Audiencia Nacional, lo que explicaría, según la querella, que la solicitud se dirigiera a dicho banco, así como el interés de su presidente o directivos en corresponder positivamente a tal solicitud", indica el auto.
La matrícula de la hija
Asimismo, se afirma en la querella que el Centro Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York abonó viajes particulares del juez a Estados Unidos por importe de 22.650 dólares y sufragó directamente los gastos de matrícula de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas por valor de otros 21.152 dólares. Para los cursos, el Santander abonó 302.000 dólares.
El alto tribunal señala que "no parece que pueda excluirse ahora y de modo definitivo que la respuesta positiva de la entidad bancaria realizando tan generosa aportación esté relacionada con el cargo público que desempeña quien hace la petición, ni que éste pudiera verse así beneficiado, incluso de forma indirecta, en su prestigio y consideración públicos, e incluso en aspectos económicos, en relación a esta clase de actividades". Tampoco descarta el Supremo la relación entre estos hechos y el archivo de la denuncia de Botín.
Sobre la citada página web de la Universidad de Nueva York, el alto tribunal constata al admitir la querella que en ella se dice que Baltasar Garzón, "como titular de la cátedra Rey Juan Carlos I de España diseñó, obtuvo los fondos necesarios y organizó..." los llamados Diálogos Trasatlánticos y otros denominados Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Latinoamérica, en los que intervinieron destacadas personalidades.
Tras el auto judicial, los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, autores de la querella contra el juez, pidieron al Consejo General del Poder Judicial que le suspenda cautelarmente. En la solicitud remitida al órgano de gobierno de los jueces, ambos letrados recuerdan que el Supremo ya tramita dos querellas contra Garzón -la otra es por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo- y aseguran que, si no se le suspende, "la falta de credibilidad de este Consejo subirá hasta límites de riesgo".
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, dijo al ser preguntada sobre si Garzón será suspendido, que el CGPJ "adoptará una decisión siempre ajustada a derecho". El criterio seguido hasta ahora por el Consejo es el de acordar la suspensión de un juez contra el que se siga una causa penal sólo si la Fiscalía ejerce la acusación contra él, y el Ministerio Público no lo hace en ninguno de estos dos casos.
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