AGENCIAS | MADRID
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, presentará alegaciones contra la sanción de un año de suspensión de militancia que el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP propone por sus críticas a Esperanza Aguirre. Después, acatará la decisión definitiva "sea cual sea".
Preguntado si volvería a formular esas críticas, Cobo dijo que le "encantaría" que "nunca se vuelvan a darse las circunstancias que se estaban produciendo los días previos a esa entrevista", en la que dijo que "es de vómito" lo que "personas cercanas a Esperanza Aguirre" están haciendo para evitar que Rato sea presidente de Caja Madrid. El número dos de Ruiz-Gallardón dijo estar "triste" porque para él es "muy importante" ser militante del PP, se encuentra "a disgusto" no siéndolo y "nunca" estará "satisfecho" si "un sólo día" no es militante.
Aunque ha admitido que le gustaría que la sanción fuera menor a ese año propuesto, y por ello alegará contra los cargos que se han hecho, reiteró que aceptará la sanción que se le imponga. "Por quien me la tiene que imponer, no por otras personas a las que no corresponde". Cobo aseguró que no ha hablado con Aguirre tras conocer la sanción y ha preferido reservarse las llamadas que haya podido recibir "en un sentido u otro" y no se siente "traicionado por nadie".
La presidenta madrileña sí se ha dirigido al vicealcalde y opinaba que Cobo "ha tenido tiempo para retractarse y no lo ha hecho".
Posteriormente, los dos hombres de confianza de Aguirre, el vicepresidente, Ignacio González, y el consejero de Presidencia, Francisco Granados, se referían a la suspensión de Cobo. González ha dicho que "pesará" a la hora de elaborar las listas electorales de 2011, momento en el que el PP decidirá "quién va y quién no va".
Por su parte, casi todos los dirigentes del PP valenciano han coincidido en que la sanción no es definitiva, y la mayoría han declinado pronunciarse más allá.
El presidente provincial del PP en Valencia, Alfonso Rus, ha afirmado, por ejemplo, que la suspensión de un año de militancia es "desmesurada" y ha pedido a este órgano que revise su decisión.