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Una de las reivindicaciones históricas desde el inicio del catalanismo político, en el siglo XIX, era superar la división provincial que en 1833 hizo el estadista Jaime de Burgos. De hecho, era uno de los objetivos que se marcó el primer tripartito en 2003, y que hoy, siete años después, ha materializado el gobierno catalán aprobando el proyecto de ley de ordenación territorial, que ahora inicia su tramitación parlamentaria por vía de urgencia.
Las veguerías es el nombre de una organización territorial que existió en Catalunya durante la Edad Media y la Moderna, desde el siglo XII hasta el XVIII. Fue entonces cuando fueron sustituidas por corregimientos en el Decreto de Nueva Planta, aprobado por Felipe V tras la Guerra de Sucesión Española, en 1716.
Catalunya ha contado a lo largo de sus más de mil años de historia con diferentes organizaciones territoriales. Primero fueron los condados catalanes que se constituyeron tras la conquista carolingia, a finales del siglo IX: Pallars, Ribagorça, Urgell, Cerdanya, Barcelona, Girona, Osona, Empúries, Rosselló, Berga y Vallespir.
En el siglo XII, se crearon las veguerías, que fueron variando a lo largo de la historia: Bages, Barcelona, Berga, Besalú, Camarasa, Camprodon, Cervera, Girona, Lleida, Montblanc, Osona, Pallars, Ribagorça, Ripoll, Tarragona, Tàrrega, Tortosa y Vilafranca del Penedès. Además, existían subveguerías, como la del Vallès. Al frente de cada una de estas divisiones había un veguer.
12 corregimientos en 1716
En 1716, con el Decreto de Nueva Planta, el mapa se reordenó con 12 corregimientos: Tortosa, Tarragona, Lleida, Talarn, Puigcerdà, Manresa, Vic, Girona, Mataró, Vilafranca del Penedès y Barcelona. La Val d'Aran era considerada un distrito especial.
Esta división duró menos de un siglo. Con la invasión napoleónica, entre 1808 y 1814, la administración afrancesada dividió Catalunya en cuatro departamentos: Ter, con capital en Girona; Montserrat, con capital en Barcelona; Segre y Les Boques de l'Ebre, con capital en Lleida. Aran fue incorporada a un departamento al otro lado de la frontera francesa.
En 1833 se llevó a cabo la división provincial en España, y luego en partidos judiciales, que el catalanismo siempre ha considerado una imposición de Madrid, porque reclamó una organización territorial propia.
Esta se hizo realidad durante la II República. Tras la constitución de la Generalitat Republicana y el Parlament, se creó una ponencia al respecto, cuyos trabajos dieron con el mapa de 38 comarcas y 9 regiones, aprobado por decreto en 1936.
Un cuestionario en 1931
Para hacer esta división, la ponencia dirigió en noviembre de 1931 un cuestionario a todos los ayuntamientos catalanes en que les formulaba tres preguntas: a qué comarca pensaban que pertenecía su pueblo, en qué ciudad iban de mercado, y si iban a otro mercado. El resultado fue una organización territorial que sólo estuvo vigente en los tres años de Guerra Civil.
Con la recuperación del autogobierno, la división territorial volvió a plantearse. Finalmente, en 1987, la Generalitat liderada por Jordi Pujol (CiU) recuperó la división de 1936, aunque en 1988 creó tres nuevas comarcas -Pla de l'Estany, Pla d'Urgell y Alta Rigaborça-, y luego modificó algunos límites comarcales; división que permanecerá vigente, ya que el proyecto de ley de organización veguerial no contempla por ahora crear más comarcas.
Entre las que reclaman entidades cívicas del territorio y entes locales, destacan el Lluçanès, el Moianès, la Vall de Camprodon, el Segre Mitjà -con capital Ponts-, la Vall de Ribes, la Alta Segarra -con capital Calaf-, el Barcelonès Nord, el Baix Llobregat Nord o Pla de Montserrat -con capital Martorell- y la Selva Marítima. Buena parte de ellas figuraban en el informe sobre la división territorial catalana que redactó un grupo de expertos liderado por el ex ponente constitucional Miquel Roca, y que proponía dividir Catalunya en seis veguerías.
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