AGENCIAS | MADRID
El Tribunal de Cuentas investigará el gasto de 2,3 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de diciembre de 2003 para suscribir un contrato con la empresa norteamericana Piper Rudnick para que gestionara la concesión de la Medalla de Oro del Congreso de EEUU al entonces presidente, José María Aznar y que, finalmente, no recibió el galardón.
La diligencia, dictada el pasado 3 de febrero, responde a la denuncia interpuesta por los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez y la Asociación Preeminencia del Derecho, que ya emprendieron anteriormente acciones por estos hechos tanto por vía penal como contencioso-administrativa, si bien en ambos casos las pesquisas fueron archivadas, informa Europa Press.
Ahora, el Tribunal de Cuentas ha decidido abrir diligencias preliminares y dar traslado de la documentación existente sobre este asunto tanto al Ministerio Fiscal como al Abogado del Estado, a fin de que "aleguen lo que a su derecho convenga" sobre este asunto. También pregunta a los denunciantes si quieren constituirse en parte en estas diligencias, "en cuyo caso deberán ejercitar la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable". En el dictamen pide también a los denunciantes que concreten quiénes son las personas contra las que se dirigen, así como los perjuicios sufridos en los fondos del Estado. Los letrados ya han anunciado su intención de personarse en las actuaciones del tribunal contable.
En el escrito que presentaron el 15 de diciembre de 2009, Mazón y Martínez piden que se determine qué parte del gasto del contrato suscrito entre el Gobierno de Aznar y la empresa norteamericana se desvió para gestionar la obtención de la Medalla. También solicitan que se compruebe si el contrato, por 20 meses, se cumplió en su totalidad y se realizaron los trabajos contratados así como los desembolsos mensuales previstos, o si se rescindió tan pronto no fue posible la obtención de la Medalla. La finalidad de la denuncia es pedir el reintegro de lo gastado "por quienes corresponda, de los daños y abono de los perjuicios originados a los caudales y fondos públicos, así como los intereses legales".
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