AGENCIAS | MADRID
El Gobierno dio ayer un golpe de efecto para zanjar el conflicto abierto con los controladores aéreos. En una decisión sin precedentes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que el Ejecutivo, a través de Aena, asume el control del tráfico aéreo en el país. La norma, que entró ayer mismo en vigor aunque tendrá que ser validada por el Congreso, deja en manos de Aena la organización del trabajo de los controladores y abre la puerta a la liberalización del servicio de gestión del tráfico aéreo, con lo que se podría adjudicar el control de las torres a empresas privadas. Este proceso liberalizador, según las estimaciones de Aena, podría durar unos tres años. De hecho, el presidente del ente público, Juan Ignacio Lema, apuntó que la adjudicación de la primera torre podría tener lugar "en condiciones normales" a finales de este año, si bien no especificó en qué aeropuerto, ni qué porcentaje del servicio en España se abrirá al sector privado.
"No es tolerable que una empresa pública pague sueldos millonarios a sus empleados mientras el Gobierno pide austeridad al resto de los españoles", argumentó el titular de Fomento, José Blanco. En esta misma línea, el ministro adujo razones de "efectividad" y de "costes asumibles" para justificar el recurso a la vía del decreto ante la falta de acuerdo con los controladores.
Aena seguirá prestando los servicios de tránsito aéreo y control de aproximación, pero podrá adjudicar a concurso la gestión de las torres de control a empresas privadas. "Hemos abierto el sistema de control de las torres a la competencia, dando lugar a que empresas homologadas, sean españolas de nueva creación o extranjeras que ya trabajan en otros países, puedan prestar este servicio", explicó Blanco, que añadió que estos "nuevos proveedores" deberán estar "debidamente certificados".
Buena acogida
Dentro del sector turístico la iniciativa del Ejecutivo ha sido bien acogida, ya que consideran que los elevados costes salariales de los controladores son los que restan competitividad al servicio de tráfico aéreo español, que cuenta con las tasas más altas de la Unión Europea. Por este motivo, tanto las agencias de viajes como la patronal de las empresas de hostelería se mostraron confiadas en que el decreto se traduzca en más turistas y en una reducción de las tasas aeroportuarias.
Apelando al interés general, Blanco aseguró que el sobrecoste del servicio es consecuencia de la gran cantidad de horas extraordinarias realizadas por los controladores, que a partir de ahora sólo podrán hacer un máximo de 80 al año frente a las 600 actuales, al tiempo que se amplía de 1.200 a 1.750 horas su jornada anual efectiva. Hasta ahora los controladores tenían una jornada de 11 horas semanales en turno de día y de 7 horas de noche, y tras la aprobación del decreto las jornadas pasan a ser de 18 horas efectivas a la semana en turno de día y de 12 horas en turno de noche. La intención de Fomento es que la retribución media anual de un controlador baje de los 350.000 euros en los que sitúa su salario actual a 200.000 euros, una cifra que, insiste, todavía sería muy superior a lo que cobra otros profesionales europeos.
Durante 2008 el salario medio ordinario fue de 170.000 euros, lo que supone que los 180.000 euros restantes corresponden a las horas fuera de convenio que Fomento ha considerado "ilegales" y que se deben a la "presión" de los propios controladores. Fuentes de Aena explicaron ayer que las retribuciones de horas extraordinarias pagadas en los últimos cinco años son "ilegales" desde el punto de vista presupuestario pero se adoptaron para evitar "un colapso del servicio".
El recorte salarial que se aplicará a los controladores posibilitará, según Fomento, rebajar en al menos un 15% las tasas de navegación aérea y frenará el incremento del déficit de Aena, que estaba creciendo a un ritmo anual de 300 millones de euros.
A pesar de haber aprobado estos cambios de forma unilateral, Fomento seguirá negociando con los controladores un convenio que sustituya al actual, caducado desde hace 5 años.
Tanto la Asociación Española de Compañías Aéreas como la Asociación de Líneas Aéreas expresaron su apoyo a una decisión que, desde su punto de vista, supone una "vuelta a la normalidad". Agencias de viajes y diferentes colectivos del sector turístico también respaldaron al Gobierno, al igual que CiU y el PP, por lo que Blanco no prevé trabas para su aprobación en las Cortes.
UGT y CCOO, sin embargo, mostraron su temor a que el real decreto siente "precedente" y se extienda a otros colectivos dependientes de un ente público. Entre los críticos, la Asociación de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo calificó de "chapuza" y "demostración de fuerza" la decisión de Fomento.