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Blanco y Caamaño arropan a Garzón tras sus quejas de acoso del PP

Tachan de "extravagante" que un imputado en el 'caso Gürtel' pueda querellarse contra el juez

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Un grupo de jueces impulsores del manifiesto por la despolitización de la Justicia, ayer, en Madrid. / efe
Un grupo de jueces impulsores del manifiesto por la despolitización de la Justicia, ayer, en Madrid. / efe 

AGENCIAS | MADRID El Gobierno y varios dirigentes socialistas salieron ayer en defensa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, un día después de que este denunciara una "cruel campaña" de acoso contra él, mientras que el PP asegura que delira al hacer esta acusación. Garzón denunció dicha campaña -que según sus palabras coincidió con su investigación del caso Gürtel- en el escrito de alegaciones que presentó ante el CGPJ, en el que reclama al órgano de gobierno de los jueces que no le suspenda cautelarmente de sus funciones mientras el Supremo tramita varias querellas contra él.

El ministro de Fomento, José Blanco, señaló que "algo falla" cuando un presunto delincuente, en alusión al supuesto cerebro de la trama de corrupción del caso Gürtel, Francisco Correa, que está "acusado", denuncia al acusador, Garzón. Blanco expresó su deseo de que "resplandezca" toda la verdad y de que "por triquiñuelas no se deje de juzgar algo que causó estupor y repugnancia al conjunto de los españoles".

De "un tanto extravagante" calificó el titular de Justicia, Francisco Caamaño, que un imputado en el caso Gürtel pueda también querellarse contra Garzón. Apeló a la presunción de inocencia del juez y se mostró convencido de que al final se hará justicia y "cada uno se verá y se colocará en su lugar".

El secretario de Política Autonómica y Relaciones Institucionales del PSOE, Gaspar Zarrías, confió en que la "operación orquestada por el PP" contra el juez Garzón "para tapar el agujero negro del caso Gürtel" acabe siendo "una broma de mal gusto", tras señalar que Garzón "ha hecho un servicio imponente al país". También salió en defensa del juez el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, para acusar al PP de usar al "poder judicial" de forma partidista y recordar que ya en los años noventa este partido atacó al juez Manglano, encargado de investigar el caso Naseiro.

El coordinador de IU, Cayo Lara, calificó de "incomprensible" que "un señor que está en la cárcel pueda personarse en una causa contra el juez que ha conseguido que se le meta en prisión por una trama como el caso Gürtel".

Desde el PP, sólo el diputado Rafael Hernando se refirió a la supuesta campaña de acoso denunciada por Garzón, en una entrevista en la Cadena SER, en la que dijo que el juez "delira" al hacer tales acusaciones. "El señor Garzón está en una conspiración de acoso delirante", comentó Hernando, antes de recordar que juez ha tomado decisiones que han evidenciado una "cierta animadversión" contra el PP pero que no ha sido esta formación la que ha planteado causas contra él.

Miembros del colectivo de jueces y magistrados, firmantes del Manifiesto por la despolitización y la independencia judicial, denunciaron ayer que "la lucha política se haya trasladado al Poder Judicial", por lo que reclamaron un gran pacto de Estado para "recuperar división de poderes, la dignidad del Poder Judicial y democratizar la elección de todos sus órganos de gobierno", ante el creciente interés de la clase política por controlar la Justicia.

En rueda de prensa, el magistrado-juez decano de Valencia, Pedro Luis Viguer Soler, criticó que "no haya ningún interés en dotar de medios a la Justicia, pero sí de controlarla". Por ello, calificó la judicatura como una "profesión de alto riesgo" en estos momentos. En este sentido, 1.400 miembros -la cuarta parte de la carrera judicial- firmaron este manifiesto para "poner en tela de juicio" el sistema de elección de sus órganos de gobierno. "El CGPJ se ha convertido en un clon del Parlamento, en un Parlamento en miniatura", afirmó Viguer, que lamentó que la Justicia se haya "alejado" de la Constitución española y de las europeas desde que en 1985 se aprobara la ley orgánica del poder judicial, por la que se privó a los jueces de la posibilidad de elegir a sus vocales. Alegó que esta "situación de aislamiento" ha provocado que los jueces se sientan cada vez "menos identificados" con sus órganos de gobierno.

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