REDACCIÓN / AGENCIAS | A CORUÑA / BARCELONA
El tripartito y CiU aprobaron ayer en el Parlament una resolución que salva la débil unidad catalana de rechazo de la sentencia del Tribunal Constitucional y de defensa del Estatut, un pacto de mínimos avalado por el 87% de la Cámara autonómica y basado en el preámbulo del Estatut que define Cataluña como nación.
La resolución salió adelante gracias a los 115 votos de CiU, PSC, ERC e ICV frente a los 18 del PP y Ciutadans. El artífice del pacto in extremis fue José Montilla, quien primero cerró el acuerdo con ERC e ICV -sus dos socios de gobierno- y posteriormente se lo presentó a Artur Mas.
Tras el pleno de ayer, Montilla se reunirá el miércoles en la Moncloa con el presidente Zapatero para "explorar todas las vías" para recuperar los aspectos del Estatut que el Tribunal Constitucional anuló por razones de forma.
"Si España quiere dar una solución al problema catalán, debe estar dispuesta a cambiar" y admitir que se trata "de un problema constitutivo de su propia esencia" porque la solución, dijo Montilla, pasa por cambiar la Carta Magna.
"Cuando se den las condiciones favorables", habrá que "recuperar las garantías jurídicas del Estatut por medio de una reforma de la Constitución que reconozca explícitamente nuestra realidad nacional", subrayó.
Sin embargo, desde Madrid, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega respondió que el Gobierno "no tiene prejuicios" sobre posibles reformas, aunque dejó claro que no hace falta tocar la Carta Magna para recuperar aspectos del Estatut anulados. Sin cerrarse a esa reforma, advirtió de que requiere tiempo y consenso. De la Vega abogó por abordar todas las vías para encauzar el sentimiento identitario y de autogobierno catalán.
El ministro Francisco Caamaño añadió que a partir de septiembre se podrá iniciar la reforma de la ley orgánica del poder judicial para que Cataluña adquiera las competencias en Justicia que invalidó el TC.
Mientras, PSOE y PSC pactaron ayer en el Congreso una "fuerte acción política" para desarrollar el Estatut tras el malestar generado en Cataluña por la sentencia del TC.
En el acuerdo, se pide que se reconozca la "necesidad de desarrollar una fuerte acción política para preservar plenamente el anhelo de autogobierno de los catalanes en el marco de una España plural" y se insta al Gobierno "a desarrollar, a través de todos los mecanismos políticos, jurídicos, legislativos y de cooperación institucional, el potencial de autogobierno" del texto.
La resolución alude a la definición de Cataluña como nación que, según el TC carece de valor jurídico, pero no incluyeel polémico concepto. Además, cita genéricamente los demás preceptos que fueron objeto de interpretación por parte del alto tribunal para recalcar que "tienen perfecta cabida en el marco jurídico y político definido con por la Constitución de 1978".
La propuesta de resolución del Grupo Socialista también recuerda que la sentencia del Tribunal Constitucional es fruto del recurso presentado en su día por el PP y que el Estatut nació del acuerdo entre el Parlament y las Cortes y posteriormente fue "refrendado por la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña" en un referéndum.