Lío por la esposa del general

La mujer cometió un error y se metió en dirección contraria en una rotonda. Lo primero que hizo fue llamar a su marido: general del Ejército, que envió a un subordinado a arreglar el desaguisado. Los agentes de Tráfico harían la vista gorda, pero entre los implicados había un inspector de policía, que dio aviso para detener a la mujer del general. Resultado: querella y conflicto institucional en Canarias

P. G. | LAS PALMAS La tarde del 25 de junio no fue una cualquiera en la Comisaría del Distrito Sur de Las Palmas. Al menos una veintena de militares, muchos uniformados y luciendo galones, se agolpaban a las puertas visiblemente preocupados. Zapatero no movilizó al Ejército ante una inminente invasión del Archipiélago, pero la esposa del general Francisco Martín Alonso había sido detenida por conducir cerca de dos kilómetros en sentido contrario.

En torno a las dos de la tarde, María Esther Vaquero tomó una rotonda y por error se metió por el carril contrario. En su trayecto, casi impacta de frente contra al menos tres vehículos, uno del inspector de policía Eduardo Belda. Lo primero que hizo la conductora cuando estaba en el interior de su coche, inmovilizada porque los otros vehículos le cerraban el paso, fue llamar a su marido.

Y ahí empezó el despliegue de galones. Antes incluso de que la Guardia Civil de Tráfico se presentara, acudió un teniente coronel uniformado ("era un subordinado de mi marido", declaró ante el juez la conductora) que pretendió hacerse cargo de la situación: "Un error lo tiene cualquiera", dijo el militar a los otros conductores implicados. Y luego llegó la Guardia Civil, que no tenía intención de detener a la infractora porque los hechos no daban para más que "una sanción administrativa". Fue la Policía Nacional la que finalmente detuvo a la esposa del general y la llevó a comisaría, a donde poco a poco fueron llegando militares del Ejército. Incluso su propio marido, el general.

Tras el suceso, la esposa del general reconoció los hechos y fue condenada a cuatro meses de cárcel, pero después presentó una querella contra el inspector Eduardo Belda, al que acusó de detención ilegal. El juez instructor del caso ya ha reclamado a la Delegación del Gobierno todas las comunicaciones o circulares de las que disponga relacionadas con el conflicto institucional que se generó entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército de Tierra.

Y es que el máximo representante de la Guardia Civil en Canarias, remitió una carta a la jefa Superior de policía en la que le comunicaba que el incidente había enturbiado las relaciones entre los cuerpos de seguridad del Estado y, además, le pedía que tomara medidas contra los policías implicados en la detención de la esposa del militar.

El citado general también envió otra misiva a la delegada del Gobierno, a la que además le adjuntó la carta que remitió a la vicepresidenta De Vega. La Delegada del Gobierno, en vista del conflicto institucional generado, ha mantenido conversaciones con los máximos representantes de ambos cuerpos en Canarias, sin que por el momento se pueda decir que el asunto esté zanjado. De hecho, si la querella sigue adelante, todos los implicados tendrán que declarar en el juzgado.

La razón parece estar de parte de la policía. Un informe encargado a la Abogacía del Estado sostiene que la Policía Nacional actuó conforme a derecho al detener a la esposa del general por un delito contra la seguridad vial.