AGENCIAS | MADRID
La presidenta de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, anunció ayer ante la Asamblea regional que reducirá el número de liberados sindicales de la administración autonómica para ajustarlo a "lo que marca la ley". El recorte afectará a unos 2.000 trabajadores, que deberán reincorporarse a sus funciones laborales.
Aguirre aseguró que este ajuste permitirá un "mejor aprovechamiento de los efectivos con los que cuenta la Administración autonómica". La presidenta madrileña argumentó que la "crisis obliga a administrar a todos con más rigor y eficacia los recursos públicos" y que "a ese esfuerzo los sindicatos no pueden ser ajenos, pues de esos recursos obtienen una parte importante de sus medios para ejercer sus funciones".
La presidenta madrileña hizo este anuncio en el último debate del estado de la región de la legislatura y en vísperas de la huelga general convocada para el día 29. En su intervención, Esperanza Aguirre adelantó además su decisión de reducir el presupuesto regional un 10% más en 2011. Acusó a Zapatero de intentar asfixiar a Madrid con un recorte del 40% en las inversiones estatales, aunque acto seguido le dio la bienvenida a "las filas de la ortodoxia", en alusión al recorte del gasto.
El consejero de Presidencia de la Comunidad madrileña, Francisco Granados, explicó que el proyecto entra dentro de la legalidad, ya que se trata de adaptar a la normativa regional lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, de 2007 y de ámbito estatal. Granados recordó que en los dos años de negociación los sindicatos se han negado a "renunciar a sus prebendas" y subrayó que el ajuste apuntado por la presidenta regional se puede hacer por ley.
"No vamos a recortar derechos sindicales", enfatizó Granados, quien apuntó que todo se hará de acuerdo al Estatuto de los Trabajadores y al del Empleado Público. También se dirigió a PSOE e IU para preguntarles si están dispuestos a mantener la actual estructura "con el dinero de los madrileños".
El consejero sostiene que en la Comunidad de Madrid hay unos 1.500 delegados de personal, que son liberados sindicales elegidos por los trabajadores y cuyo número no se reducirá. La reforma sí afectará a otros 2.000 liberados, que Granados considera elegidos por las direcciones de los sindicatos y no por los trabajadores.
Mariano Rajoy consideró "muy razonable" la medida de Aguirre para atenuar la liberación sindical en un momento en el que se "ha dado un estacazo" a funcionarios y pensionistas.
El líder del PP recordó el acto de CCOO y UGT en Madrid, donde reunieron a "doce o trece mil delegados en un día de diario en el que no estaban en su trabajo. No sabemos si eran liberados o si pidieron el día sin cobrarlo, pero tengo mis dudas", añadió.
Rajoy aseguró que el PP va a pedir reuniones con los sindicatos para "ver si es necesaria tanta gente parra ejercer esas funciones". La secretaria general, María Dolores de Cospedal, señaló que la propuesta de Aguirre está dentro del plan de austeridad del PP.
Por su parte, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, acusó a la presidenta madrileña de querer quitar delegados sindicales para hacer "lo que le dé la gana" en las negociaciones. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, añadió que este recorte de liberados es "una propuesta que reactiva" la huelga general. Contra Aguirre se pronunciaron también el ministro Caamaño, Leire Pajín y el presidente catalán, José Montilla.