Aguirre se reafirma en devolver las competencias de Justicia

Reconoce que no se ha producido una mejora de la eficiencia. El exministro Trillo responde que no toca revisar ahora esas transferencias

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Esperanza Aguirre.
Esperanza Aguirre. 

AGENCIAS | MADRID La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró ayer que pese al "esfuerzo sin precedentes" que ha hecho el Gobierno autonómico por modernizar la administración de Justicia en los últimos años, ésta no ha mejorado, y por ello ha anunciado que va a impulsar la devolución de estas competencias al Estado.

Durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea, Aguirre respondió así a la pregunta del portavoz de UPyD, Luis de Velasco, sobre la situación de la Justicia en la comunidad madrileña.

La presidenta señaló que su Ejecutivo ha hecho "un esfuerzo presupuestario sin precedentes", con una subida de 150 a 350 millones entre 2003 y 2011, un 230% más, y aunque esa subida "no está mal", lo cierto es que "con ese incremento no se ha producido una mejora de la eficiencia".

Por ello, y al entender que la "duplicación" de competencias entre el Estado y la Comunidad "no ha derivado ningún beneficio" para los ciudadanos, el Gobierno regional va a impulsar una proposición no de ley para devolver las competencias al Estado, aunque mientras eso no se produzca Madrid "seguirá mejorando el funcionamiento de los recursos humanos y materiales".

El coordinador de justicia y libertades públicas del Partido Popular, Federico Trillo, respondió desde Burgos que en este momento "no toca revisar la transferencia de las competencias en materia de administración de Justicia a las comunidades autónomas", aunque habrá que dialogar con ellas a fin de revisar las condiciones.

Trillo aseguró que el PP no se plantea la devolución de las competencias de justicia a la Administración general del Estado, aunque ha afirmado que hay "disfunciones" y será necesario alcanzar un consenso sobre su contenido, dado que las autonomías ponen el dinero para dotar de medios a la justicia, pero no deciden qué planta judicial hay y eso condiciona las necesidades.

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