Aguirre amplía la jornada de los funcionarios y quita la prestación por baja

El PP planteó en la Asamblea de Madrid medidas para "erradicar los fraudes"

 09:17  

AGENCIAS | MADRID El grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid presentó el pasado lunes una enmienda al anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales de los Presupuestos Generales de la comunidad para 2012 en la que establece que la administración autonómica madrileña dejará de complementar el salario del personal laboral en caso de baja, y otra en la que amplía la jornada laboral a los empleados públicos. La enmienda de adición relativa a la incapacidad temporal establece que a partir de la entrada en vigor de la ley "el régimen de prestaciones o complementos económicos en el supuesto de incapacidad temporal se ajustará estrictamente a lo dispuesto en la normativa de régimen de Seguridad Social que, en cada caso, resulte de aplicación", informa Europa Press.

Así, según el diario económico Expansión, la Seguridad Social seguirá pagando el 60% del salario de los afectados, pero la Comunidad de Madrid no abonará el 40% restante como hacía hasta la fecha. Sin embargo, lo dispuesto en la enmienda no será de aplicación en los supuestos en que la incapacidad laboral derive en "un accidente de trabajo o enfermedad profesional", en cuyo caso se mantendrán como hasta ahora.

Actualmente, el 11% de las bajas laborales de la comunidad madrileña están motivadas por incapacidad temporal, según datos del Partido Popular , y la medida afectaría a las bajas de entre cuatro y 15 días tanto de funcionarios como de empleados de empresas públicas, lo que supondría un ahorro para la administración autonómica de 25 millones de euros, según cálculos del PP.

El portavoz de los populares en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, señalaba el lunes en una nota que esta medida supondrá "erradicar los fraudes y prácticas abusivas en las bajas laborales". Para el sindicato de altos funcionarios, la sola idea de dejar de pagar la baja es algo "gravísimo", según señalaron fuentes de Fedeca, que subrayaron que no conocían un precedente de este calado.

Los altos funcionarios piden al equipo de Aguirre que reconsidere esta postura puesto que "los trabajadores públicos estarían desprotegidos en comparación con los trabajadores del sector privado", afirman, para agregar que se trata "de un derecho fundamental, que es el de la salud, y que se vería perjudicado".

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