J.F. MESTRE / F. ARMENDÁRIZ | PALMA Los empleados del Instituto Nóos y sus empresas satélites, que están declarando estos días en Barcelona como testigos ante la Policía, han coincidido en que tanto Iñaki Urdangarín, como su antiguo socio, Diego Torres, compartían todas las decisiones empresariales, tanto a nivel de estrategia como de contabilidad.

Desde primera hora de la mañana y hasta bien entrada la noche, unas 20 personas pasaron ayer por las dependencias de la Policía para explicar su relación laboral con las empresas dirigidas por el marido de la infanta Cristina.

Los investigadores están convencidos de que el duque de Palma no aceptó el cargo de presidente del Instituto Nóos para ser una mera figura decorativa dentro de la estructura empresarial. Más bien todo lo contrario, dirigía personalmente la empresa y participaba en las decisiones, incluido la presunta falsificación de facturas que sirvieron para adelgazar las cuotas de pagos de impuestos.

Los trabajadores indicaron que el duque estaba habitualmente en la sede de la sociedad en Barcelona y desde allí realizaba las gestiones para ofrecer sus servicios. Mantenía, según estos testigos, reuniones casi a diario con su socio y también estaba en constante contacto con los familiares de Diego Torres encargados de las gestiones contables de Nóos.

Urdangarín y su socio lograron millonarios contratos tras ofrecer sus servicios a los gobiernos autonómicos de Valencia y Baleares. Varios de estos empleados confesaron el lunes que nunca habían acudido a trabajar a la empresa de Urdangarín, pero estuvieron cobrando un sueldo mensual. Hasta ahora no se tenía conocimiento de que el instituto pagara el sueldo de empleados fantasma. Sin embargo, no se descarta que se trate de una estrategia para agradecerles los "favores" que hicieron para la empresa.

Varios mostraron su sorpresa al comprobar que estuvieron contratados por empresas de la trama, ya que siempre creyeron que estaban colaborando para Nóos. Dijeron que nunca se les informó del cambio en la nómina. La mayoría confirmaron que allí no se tomaba ninguna decisión sin que el duque y Diego Torres estuvieran conformes, por lo que los investigadores creen que Urdangarín tuvo una participación directa para sacar el dinero a paraísos fiscales.

Entre los empleados citados a declarar, varios fueron contratados a través de Aizoon, la empresa de Urdangarín y la infanta Cristina, quien viajó ayer a Barcelona en su primera visita a la capital catalana desde que estallara el caso en el que está imputado su marido.

Por otra parte, la Intervención general del Estado calificó de nunca visto el trato de favor dado por las autoridades valencianas al Instituto de Urdangarín, al que el Ejecutivo de Francisco Camps entregó casi 4 millones por organizar tres foros sobre eventos deportivos. La Intervención del Estado compara los convenios firmados con el dinero que se abona a una estrella deportiva simplemente por asegurar su presencia en un acto, sin que justifique su trabajo o logre determinado objetivo.

La Intervenció del Estado es un organismo que depende de Hacienda, dedicado a fiscalizar la legalidad de las contrataciones y el gasto por parte de las Administraciones dependientes del Gobierno central. En su seno existe una unidad de expertos que trabajan al unísono con la Fiscalía Anticorrupción. Ha sido precisamente este grupo quien ha redactado el contundente dictamen.

La fiscalía pidió a la Intervención que se pronuncie sobre la legalidad de los convenios firmados, entre 2004 y 2006, por organismos públicos valencianos. Según esos acuerdos, la Administración se comprometió a abonar al instituto impulsado por el duque un canon anual de 1,04 millones para que Nóos organizase los seminarios para analizar y realzar a las sedes de grandes eventos.

La Generalitat también pactó con Nóos que, aparte del canon, correría con los gastos. La suma total recibida por el grupo Nóos de las Administraciones valencianas rondó los 4 millones.

Por su parte, el abogado de Urdangarín dijo ayer que si su cliente "hizo cosas que no son correctas, pedirá disculpas".

Mientras, Telefónica Internacional simplificó ayer su consejo con el cese de miembros no ejecutivos como Narcís Serra, Javier de Paz o José Fernando de Almansa, pero manteniendo a ejecutivos como Iñaki Urdangarín.

Por su parte, el juez instructor del caso Nóos, pieza separada del caso Palma Arena, admitió a Manos Limpias como acusación popular.