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El tribunal permite que se lea un auto de Garzón sobre la matanza de Paracuellos

El Ejecutivo trabajará desde el consenso sobre el futuro de los restos de Franco

 02:10  

AGENCIAS | MADRID Los últimos testigos que declararon en el Tribunal Supremo en el juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes franquistas reclamaron ayer la actuación de la Justicia, aunque sea fuera de España, para esclarecer las desapariciones que consideran delitos de lesa humanidad que no prescriben. Así lo defendieron el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, y el de la Asociación Héroes de la República, Antonio Ontañón, que aportó a la denuncia ante la Audiencia Nacional su libro Rescatados del olvido, que recopila una investigación de 30 años sobre la represión franquista.

"En Santander había una consigna que venía a decir que de los rojos no quedara ni rastro. Así, se aplicaba la muerte física y la desaparición jurídica", dijo Ontañón. "Si tiene que ser una juez argentina la que asuma la responsabilidad de investigar, es lo que queremos", declaró Emilio Silva, cuyo abuelo fue asesinado en El Bierzo (León).

A petición de Manos Limpias, y con la oposición de la defensa, se permitió leer el auto en el que Garzón archivó una querella interpuesta contra Santiago Carrillo por la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas de Genocidio de Paracuellos de Jarama, al considerar que los delitos habían prescrito. En ese auto, el juez atribuyó "mala fe, fraude de ley y abuso de derecho" a los familiares por tachar de "genocidio" los asesinatos. Garzón se justificó con que el delito de genocidio no estaba tipificado cuando se produjeron esos fusilamientos.

Valle de los Caídos

Por otra parte, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría aseguró ayer que el Gobierno está comprometido a abordar el futuro del Valle de los Caídos desde el "consenso", necesario especialmente en asuntos como el futuro de los restos de Franco, para el que todavía "no hay acuerdo".

La número dos de Rajoy dijo que que el Ejecutivo "tiene tomada una decisión", pero que el consenso es una de las premisas marcadas por el comité de expertos del anterior Gobierno, y advirtió de que no se pueden abrir viejas heridas.

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