EFE | MADRID La Audiencia Nacional ha imputado a once personas, entre ellas al considerado número dos de la trama Gürtel, el gallego Pablo Crespo, y a la dirección de la empresa Teconsa, por la adjudicación de contratos de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) durante la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. Así lo informaron fuentes jurídicas, que señalaron que el magistrado Pablo Ruz también ha abierto una pieza separada en la que imputa a dos exresponsables de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) en relación con la contratación con empresas de la red y el presunto cobro de servicios y gastos de carácter particular a empleados de este organismo entre 2000 y 2002.

En relación con la visita de Benedicto XVI a Valencia, las fuentes consultadas señalan que, tras admitir una denuncia de la Fiscalía contra once personas, el juez les ha imputado uno o más delitos contra la Hacienda Pública y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Además de Crespo, que salió en libertad bajo fianza el pasado día 1, han sido imputados José Luis Martínez Núñez y José Luis Martínez Parra, presidente y vicepresidente de Teconsa, así como Jesús Alonso Galindo y Rafael Martínez Molinero, vocales del Consejo de Administración de esta empresa.

El juez también ha imputado a Alejandra Andrea Beresovski y Noemí Márquez Castellano, administradoras solidarias de Wild Electronic Design, y a Antonio Soler Dorado y Óscar Fragio Díaz, apoderado y gestor real de esa misma sociedad.

La lista de imputados la completan Jacobo Gordon y el exvicepresidente de Repsol YPF Ramón Blanco Balín, el primero como administrador único de Castaño Corporated, y el segundo, como apoderado de esa sociedad, cargo que también desempeñaba Crespo.

Ruz ha preguntado asimismo a la Fiscalía si procede ampliar la denuncia a Isabel Martínez Parra, a la que el Ministerio Público quiere que se tome declaración como imputada pero que no figura entre los denunciados.

Teconsa resultó adjudicataria del contrato con la RTVV para el suministro e instalación del equipamiento de sonorización del V Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en Valencia entre el 7 y el 9 de julio de 2006.

El juez dice que, a través de la subcontratación de servicios con Impacto Producciones, Apogee Telecomunicaciones y Sirius Show Equipment, así como de los gastos contabilizados para la ejecución del contrato y las facturas emitidas por Wild Electronics, Castaño Corporated y Free Consulting -un total de 1.242.690 euros-, Teconsa podría haber dejado de ingresar diversas cantidades a Hacienda.

Las cantidades presuntamente defraudadas serían la cuota de IVA soportado de 198.830 euros y el impuesto de sociedades de 2006 por la deducción improcedente de las facturas emitidas por las anteriores mercantiles al no responder a la prestación de servicios reales, cifrado en 434.941 euros.

Dos cargos con Álvarez-Cascos

Un informe de la Unidad de Auxilio Judicial fechado en octubre de 2010 señalaba que el coste de los actos de la visita papal para la RTVV fue de 14.713.924 euros, de los que la mitad, 7.493.600 euros, se destinó al expediente de contratación adjudicado a Teconsa. Esta incumplió los términos del contrato firmado, según el informe, ya que subcontrató parte de los trabajos a otras compañías a pesar de no contar con la autorización de RTVV.

Además, Pablo Ruz ha imputado por cohecho y prevaricación al exresponsable de Comunicación de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) Ángel López de la Mota Muñoz y a José María Gavari Guijarro.

El juez ha pedido a AENA que le aporte los documentos de expedientes y contratos entre el organismo y Special Events y FCS Travel Group, en particular los referidos al stand de Fitur en 2001 y 2002.

También ha ordenado practicar un estudio caligráfico de los manuscritos hallados en el registro de una nave de Easy Concept en un polígono industrial de Madrid para que se comparen con la letra del supuesto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, de Crespo y del contable José Luis Izquierdo.

Por último, el magistrado ha rechazado un recurso del exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas en el que se discutía su competencia para investigar los hechos.