REDACCIÓN | A CORUÑA El Tribunal Supremo condena a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales al ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en el caso Gürtel y sus abogados. La sentencia supone su expulsión de la carrera que hará efectiva los próximos días el Consejo del Poder Judicial. En la resolución, acordada por unanimidad de los siete magistrados, se afirma que con una actuación propia de "los regímenes totalitarios", el juez "laminó" el derecho de defensa de forma "drástica e injustificada".

"Caramba, ahora tengo que pagar a Correa y Crespo", dijo Garzón tras salir con la sentencia y reconocer que estaba "hecho polvo". La condena le supone la "pérdida definitiva" de la condición de juez al hasta ahora titular de Instrucción número 5 de la Audiencia.

El Supremo sostiene que Garzón, al ordenar la grabación de las conversaciones que el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y su número dos, el pontevedrés Pablo Crespo, mantuvieron con sus abogados en la cárcel de Soto del Real, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable".

"La Justicia a cualquier precio termina no siendo Justicia", afirma una sentencia en la que se dice que Garzón permitió "prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado".

A largo de los 68 folios de la sentencia se hace hincapié en que "la investigación criminal no justifica por sí misma cualquier clase de actuación" y que "la verdad no puede alcanzarse a cualquier precio". Se añade que Garzón prescindió de las mínimas garantías para los ciudadanos convirtiendo las previsiones constitucionales y legales "proclamaciones vacías de contenido".

Con las escuchas, Garzón se alejó de modo "arbitrario y absoluto" de la aplicación razonada del Derecho causando "un daño totalmente injustificado y difícilmente reparable en los derechos de defensa" de los imputados y el secreto profesional de los abogados. Para el tribunal, se separó "absolutamente" de la doctrina del Constitucional y del propio Supremo (que limita las escuchas a letrados a casos de terrorismo) y vulneró el Estado de Derecho al ordenar sin indicios de delito escuchas indiscriminadas contra los abogados. En defensa de la confidencialidad entre letrado y cliente, la sentencia deja claro que no se puede aceptar como motivación la sospecha de que los imputados seguían delinquiendo.

Según el tribunal, "nada impedía" a Garzón otras actuaciones para identificar a los responsables del delito y tomar medidas respecto a estos, y no "con carácter indiscriminado, como se hizo contra todos losdefensores", a los que se convirtió en imputados en la causa "sin razón alguna".

La sentencia, contra la que no cabe recurso, está firmada por Joaquín Gímenez, que presidió el tribunal durante el juicio, Andrés Martínez-Arrieta, Miguel Colmenero (ponente), Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Manuel Marchena. La condena al juez de más prestigio internacional necesitaba, frente a las críticas, la unanimidad de un tribunal integrado por conservadores y progresistas al 50%.

El Supremo rechazó las "inaceptables y frívolas" criticas por condenar a Garzón y las tachó de ataques que cuestionan las intenciones del tribunal y atentan contra el Estado de derecho. El CGPJ alabó la indepedencia e imparcialidad del Supremo y se reunirá el martes para hacer efectiva la expulsión de Garzón con pérdida de reconocimientos.

La plaza que ocupa Pablo Ruz queda vacante y saldrá a concurso, después de este fallo que pone fin a una carrera de casi 30 años, 22 de ellos en la Audiencia, del juez que ordenó la detención de Pinochet, combatió a ETA, a los GAL y a los grandes narcos. "Garzón ha hecho grandes cosas, buenas y malas, todas grandes", pero la sentencia "coloca las cosas en su sitio", dijo el defensor de Francisco Correa.