El expresidente valenciano Francisco Camps obtuvo el doctorado cum laude en Derecho por la Universidad de Elche con una tesis que aboga por la elección directa de los representantes políticos, después de que su llegada al campus fuera recibida con insultos. Medio centenar de jóvenes abuchearon a Camps entre gritos de "sinvergüenza" frente al edificio donde tuvo lugar el acto, a cuyo interior la policía les impidió el acceso tras momentos de tensión, empujones, caídas y un detenido. Camps leyó su tesis, titulada Propuestas para la reforma del sistema electoral y dirigida por el presidente del Consell Jurídic Consultiu, Vicente Garrido Mayol. A la salida, Camps dijo que le gustaría, si se lo proponen, ejercer como docente, aunque descartó su marcha de la política.

Sobre la sentencia que inhabilita a Baltasar Garzón, Camps aseguró que se reserva su opinión pero añadió que el juez no merece "ni medio minuto" de su tiempo "en un día tan bonito". No obstante, indicó que él no ha sido quien le "ha enjuiciado sino siete magistrados del Supremo".

"Usted me ha llamado algo que no soy. Dígame su nombre", le espetó Camps a un joven que le gritó "corrupto" a la cara. Mientras, su director de tesis, Vicente Garrido, ante los gritos de "sinvergüenza" proferidos por una chica, preguntó: "¿A quien se lo dice, a Garzón". "No, a usted", le contestó. "Yo no soy un delincuente. Garzón, sí, lo han condenado", replicó. Y Camps insistió: "Yo no he juzgado a este señor, lo han juzgado siete magistrados del Supremo, pregúnteselo a los magistrados".

Mientras, el PSOE, que ejerció la acusación popular en el caso de los trajes, comunicó al Tribunal Superior que presentará recurso de casación ante el Supremo contra la absolución de Camps y Costa.

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió ayer a España la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de Derechos Humanos.

Aunque el portavoz de Pillay, Rupert Colville, descartó comentar la sentencia que inhabilita once años al juez Baltasar Garzón por ordenar escuchas telefónicas en la investigación de la trama de corrupción Gürtel, sí recordó las otras dos causas abiertas contra el magistrado y, en alusión a la relativa a los crímenes del franquismo, defendió este tipo de pesquisas.

"España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos", afirmó Colville durante una rueda de prensa en Ginebra.

Además, según la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, existe un deber hacia las víctimas, que tienen "derecho de reparación".

Colville recordó que, conforme a una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, "España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de Derechos Humanos". Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España en 1985.

Colville asegura, en alusión a Garzón, que "los jueces no deberían ser objeto de una investigación penal por hacer su trabajo", habida cuenta de que sus investigaciones, según la ONU, tratan de cumplir los estándares internacionales en la medida en que no cabe amnistía "para graves crímenes internacionales". La norma puesta en cuestión "podría violar el principio de independencia judicial".

En declaraciones recogidas por Reuters, el portavoz de Pillay comparó el caso español con el de otros países y subrayó que debería aplicarse "el mismo principio" que la ONU ya ha expresado para lugares como Yemen o Haití, donde también se ha defendido el procesamiento de autoridades responsables de graves violaciones de los Derechos Humanos.