Debate de Cataluña

Catalá confía en el "sentido común de los catalanes"

El ministro de Justicia cree que se evitará "una situación de conflicto" que obligue a aplicar el artículo 155

04.08.2015 | 13:48

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha confiado en que "el sentido común de los catalanes y de las instituciones de Cataluña" evitará que se llegue a "una situación de crisis y conflicto" que obligue a aplicar el artículo 155 de la Constitución.

En una entrevista concedida a Europa Press, el ministro ha advertido que si tras los comicios catalanes, el Gobierno de Mas adopta decisiones para las que no tiene competencias, como una declaración unilateral de independencia, se recurrirá al Tribunal Constitucional. En el caso de que incumplieran las decisiones del alto tribunal y siguieran adelante, "es ahí donde pueden surgir delitos de desobediencia y prevaricación".

En todo caso, Catalá ha cuestionado "el apoyo masivo" de los catalanes al proceso de independencia. "No parece que vaya a haber una mayoría a favor de la independencia", ha precisado y ha indicado que las encuestas apuntan a que la lista única no va a tener "una mayoría suficiente para realizar una actuación en ese sentido".

En referencia concreta al artículo 155 de la Constitución, que contempla un mecanismo de control extremo, para casos en los que alguna comunidad autónoma incumpla las obligaciones impuestas por la Carta Magna o las Leyes, el ministro advertido que, aunque "está en vigor y podría aplicarse, nunca se ha hecho", por lo que hacer uso de esta norma constituye un "escenario teórico y de máximos".

Para Catalá el artículo constituye un mecanismo para garantizar este cumplimiento de obligaciones cuando se produzca un conflicto institucional. "Ese es el objetivo del 155, es un escenario en un conflicto relevante entre Estado y autonomías y prevee un procedimiento que garantice el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución atribuye a los gobiernos autonómicos".

Artículo 155
Para aplicarlo -advierte el titular de Justicia- habría que alcanzar "un escenario extremo de incumplimiento de obligaciones". "Eso hay que acreditarlo correctamente, necesita un aval político, una mayoría del Senado que lo apruebe y, a partir de ahí, el Estado central daría instrucciones a las instituciones del Gobierno autonómico para que lleven a cabo las actuaciones".

En cuanto al momento en que el Estado puede ejercer esta prerrogativa, el ministro recuerda que el mismo artículo ya lo anuncia: "en el momento en el que un gobierno autonómico incumple reiteradamente sus obligaciones por el TC o el propio Gobierno".

El Gobierno trabaja, no obstante, con la hipótesis de que la controversia no alcance este punto máximo y conduzca a "situaciones de crisis indeseables por parte de todos".

El escenario que desea el Ejecutivo es el de una convocatoria de elecciones que desemboque en la constitución normal de un Parlamento autonómico. Una vez que la cámara surgida de los comicios inicie su actividad y apruebe leyes, el Gobierno central analizará si éstas respetan la Constitución. Si no lo hacen, serán impugnadas ante el Tribunal Constitucional.

El Ministerio de Justicia maneja así un plan que prevé varios niveles de actuación. En el caso de que el Gobierno catalán avance hacia un proceso que pretenda desembocar en la independencia, recurrirá al alto tribunal como primera barrera y dejará para un segundo nivel el recurso a procesos penales.

"Si alguien avanza en esa dirección se encontrará con la barrera del derecho, la paralización, las impugnaciones...y si hay actuaciones contumaces que pese a todo intenten llevar adelante procesos ilegales puede surgir un proceso penal" por la comisión de delitos de desobediencia y prevaricación.

La consulta del 9N como ejemplo

Catalá ha puesto el ejemplo de la pseudoconsulta soberanista celebrada el pasado 9 de noviembre. "Fue un proceso que empezó en una impugnación constitucional. Y eso fue lo que provocó que se interpusiese una acción penal por desobediencia a los mandatos del TC, por parte de la Fiscalía", ha precisado. "El orden de las cosas es de ámbito competencial, un gobierno puede hacer unas cosas y otras no", ha agregado.

En última instancia, como última barrera, se sitúa el artículo 155. Catalá ha precisado que hacen falta "muchos pasos" para llegar a este punto y ha confiado en que se encontrarán "medidas y soluciones para las situaciones de tensión".

Ha reiterado que para recurrir a esta prerrogativa debería producirse "un gravísimo conflicto institucional" lo que no constituye "el normal funcionamiento de las reglas del juego". "Hay que tener la sensatez y prudencia por parte de todos en el debate político para no llegar a este extremo", ha recalcado.

Catalá confía en que no sea necesario pasar del primer nivel en este sistema de contención desarrollado frente al avance soberanista y que la intervención del TC baste para contener la deriva. "Yo lo sitúo en el ámbito del TC, no ante los tribunales por la comisión de delitos penales", ha precisado.

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