Inmigración

La atención sanitaria de los 'sin papeles' en Europa

Sanidad busca una posición consensuada con las CCAA para "armonizar" la situación en el conjunto del Estado

29.08.2015 | 11:02

La atención sanitaria a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España es un punto de controversia política de forma periódica entre el Gobierno y las comunidades autónomas por falta de acuerdo sobre los requisitos que deben cumplir para recibir asistencia médica.

Y éste es uno de los momentos en el que hay mayor disparidad entre ambas partes en cuanto a los criterios para que los ´sin papeles´ puedan ser acceder al Sistema Nacional de Salud (SNS).

La atención sanitaria a los irregulares depende actualmente de la comunidad en la que residan, porque algunas siguen al pie de la letra la reforma del Gobierno de 2012, que les dejó sin la tarjeta de acceso al SNS, y otras no.

La reforma para racionalizar el gasto público y que lideró la exministra Ana Mato dejó sin tarjeta sanitaria a este colectivo y limitó su cobertura a los servicios de urgencia, excepto para las embarazadas y los menores de edad, que han mantenido todas las prestaciones.

Pero, desde el principio, la reforma no fue seguida por igual en las comunidades autónomas.

Algunas de ellas, como Andalucía y Asturias, gobernadas por el PSOE, se opusieron frontalmente a ella porque iba en contra de una sanidad pública universal, con los mismos derechos para toda la población, e idearon distintas fórmulas para facilitar a los "sin papeles" su acceso al SNS.

Y tras las últimas elecciones autonómicas celebradas en mayo en España, y con el cambio en el mapa político, otras autonomías, como Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria, han anunciado también su intención de reintegrar a los irregulares en la sanidad pública a través de distintos programas e incluso con propias normativas.

Ahora, el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, está estudiando si esas iniciativas invaden competencias del Estado o vulneran la Constitución.

Lo hace mientras busca una posición consensuada con las comunidades para "armonizar" la situación sanitaria de este colectivo en el conjunto del Estado.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció el pasado 31 de marzo, en una entrevista con Efe, que los inmigrantes irregulares volverían a tener derecho a la atención primaria, aunque también advirtió de que recuperarían este derecho, pero no la tarjeta sanitaria para evitar "el turismo sanitario"

Defendió esta decisión por "cuestiones de salud pública", porque era "más práctico" y para "no saturar las urgencias".

La semana que viene, el Ministerio ha convocado a las comunidades autónomas para "armonizar" la situación sanitaria de este colectivo en el conjunto de las comunidades.

Ésta es una panorámica de la atención a los irregulares en los países del entorno europeo:

Alemania
En Alemania, la ley determina que se debe prestar la atención sanitaria necesaria, pero en lo relativo a la implementación deja mucho margen de acción a las autoridades regionales y municipales.

En términos generales, la visita al médico tiene que estar precedida de una autorización de la oficina de asuntos sociales pero la ciudad estado de Hamburgo ha dotado por darle una tarjeta de la seguridad sanitaria a los refugiados, lo que simplifica los trámites y reduce la burocracia.

Algunas organizaciones piden que el modelo de Hamburgo se generalice, pero de momento no hay consenso político al respecto.

Bélgica
La asistencia sanitaria en Bélgica se basa en un sistema de seguros. Las personas que cotizan a la Seguridad Social tienen acceso a un seguro obligatorio que cubre los cuidados sanitarios, mientras que quienes no cotizan cuentan con otros sistemas, en función del tipo de estancia en el país.

Para los demandantes de asilo y las personas sin residencia legal en Bélgica, las prestaciones sociales se someten a ciertas restricciones.

En el caso de los solicitantes de asilo, las autoridades federales financian una estructura de acogida específica que cubre los cuidados médicos.

Para las personas que no tienen residencia legal, las prestaciones sociales se limitan en general a la ayuda médica urgente.

Italia
En Italia, los inmigrantes , así como los italianos, deben inscribirse al Servicio Sanitario Nacional para obtener la tarjeta sanitaria que da derecho a un médico de base, los servicios de urgencias y las hospitalizaciones, y para ello necesitan tener el permiso de residencia.

En el caso de los inmigrantes definidos como irregulares, el ministerio del Interior en su página web les asegura que tienen derecho a acudir a las estructuras sanitarias públicas para ser atendidos y para ello tienen que pedir una tarjeta llamada S.T.P. (extranjero temporalmente presente) que tiene una validez de seis meses, renovable, y para recibirla se debe declarar no tener recursos económicos suficientes.

Portugal
En Portugal, los inmigrantes con autorización de residencia tienen derecho de acceso al Serviço Nacional de Saúde (SNS) en los mismos términos que los portugueses. Eso implica el pago de 1,5 euros por consulta en los centros de salud, y de 5 euros en los servicios de urgencias.

Los inmigrantes en situación irregular pueden acceder a la sanidad lusa demostrando que están viviendo en el país con un documento emitido por su junta de distrito (Junta de Freguesia) aunque, si no son contribuyentes de la seguridad social, pueden tener que pagar el 100 % del servicio prestado.

La Direçao Geral da Saúde (DGS) subraya que esta norma no aplica en caso de enfermedades contagiosas que supongan una amenaza para la salud pública, acompañamiento de embarazadas, consultas de planificación familiar y menores de edad, ya que en todos estos casos el acceso al SNS es gratuito también para inmigrantes sin permisos.

Reino Unido
En el Reino Unido no existe un registro nacional de inmigrantes en situación irregular y solo tienen derecho a recibir las prestaciones del sistema público de salud (NHS, según sus siglas en inglés) aquellos que tengan los papeles en regla.

No obstante, sí pueden acceder a los servicios de urgencias y a los análisis y tratamientos de enfermedades infecciosas y de transmisión sexual, siempre que el enfermo haya residido en el país durante al menos seis meses.

Francia
En Francia, la Ayuda Médica del Estado (AME) permite a extranjeros en situación irregular acceder a los cuidados médicos, y se atribuye por periodos de un año, renovables, a quienes demuestran "residencia estable" de forma ininterrumpida durante un mínimo de tres meses, pero que no tienen tarjeta de residencia.

La AME cubre también a las personas a cargo del beneficiario, como su pareja, niños menores de 16 años o de hasta 20 en caso de que sigan estudiando, y la totalidad de la asistencia médica y hospitalaria, en consultas o servicios que no superen las tarifas reembolsadas por la Seguridad Social.

Quedan excluidos de ese dispositivo, salvo en el caso de los menores, la realización de exámenes, los medicamentos y productos necesarios para la procreación asistida, las curas termales y aquellos medicamentos de baja utilidad terapéutica, de los que solo se devuelve el 15 %.

El partido ultraderechista Frente Nacional (FN) ha criticado a menudo este sistema, denunciando que, en su opinión, están mejor atendidos los inmigrantes irregulares -exentos de pago- que aquellos franceses con ingresos bajos que deben abonar una cotización.

Suiza
Suiza es uno de los países de Europa donde los inmigrantes en situación irregular tienen derecho a acceder a la atención de salud, más allá de situaciones de emergencia y que ponen en peligro su vida.

La Constitución federal de Suiza señala que el Estado central y los cantones (circunscripciones que gozan de elevada autonomía) deben garantizar que toda persona reciba la atención de salud que necesita, aunque existen variaciones considerables entre las prestaciones que se ofrecen entre un cantón y otro.

Todas las personas que viven más de tres meses en Suiza están obligadas por la ley a afiliarse a una compañía de seguros, incluso en el caso de los inmigrantes sin papeles.

En concreto, la ley del seguro de salud establece que las compañías "no están autorizadas a transmitir las informaciones sobre el estatus legal de su cliente en Suiza" y están obligadas a aceptar a toda persona que vive en el país, independientemente de si cuenta con un permiso de residencia.

El gran obstáculo que enfrentan los inmigrantes es el alto coste del seguro de salud, que muchas veces está fuera de su alcance.

En Suiza no existe un registro de extranjeros en situación irregular. Las cifras citadas son siempre estimaciones y están en la horquilla entre 70.000 y 180.000 personas, de las que se calcula que al menos el 10 por ciento son menores de edad.

Grecia
La ley en Grecia estipula que los servicios públicos no pueden atender a ciudadanos de otros países que no residan legalmente en el país con la excepción de los casos urgentes y el tratamiento a los niños.

Durante los últimos años de la crisis, profesionales voluntarios han creado clínicas sociales en todo el país para atender a los extranjeros y al cerca del 30 % de griegos que han perdido el acceso al sistema sanitario tras estar sin trabajo durante más de un año.

El Gobierno de Syriza, ahora en funciones, publicó un decreto ley que ha restaurado el acceso sanitario universal y permite a los indocumentados acudir gratuitamente a los hospitales, pero no a las consultas médicas regulares.

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