Anticorrupción reclama que se impute al exministro Pimentel en el caso de los ERE

La Fiscalía considera fraudulenta una subvención de 300.000 euros a una empresa dirigida por el exresponsable popular de Trabajo del Gobierno presidido por Aznar

16.09.2015 | 01:03
Manuel Pimentel.

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido al Juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que investiga el caso de los ERE, un escrito en el que solicita imputar a 25 personas, entre ellas el exministro Manuel Pimentel, por el pago de 300.000 euros de la Junta de Andalucía a trabajadores de la empresa Taller de Libros, dirigida por el exministro de Trabajo (1999-2000) en el Gobierno del PP presidido por José María Aznar.

En el escrito de la Fiscalía se sostiene, según la agencia Efe, que en la concesión de esta subvención, acordada en 2009 entre la Junta y la empresa que dirigía Pimentel, "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido", lo que podría ser causa de "nulidad de pleno derecho".

En su escrito, la Fiscalía pide que lo ocurrido con esta ayuda se investigue como una pieza separada de los ERE por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude. La ayuda se concedió tras la crisis de la empresa cordobesa Graficomo SA, que en 2005 se liquidó con un plan que incluía la enajenación unitaria a favor de Taller de Libros, a cuyo comité de empresa también pide imputar la Fiscalía.

La Fiscalía imputa a Pimentel por la concesión de esa ayuda de 300.000 euros y amplía las acusaciones a miembros de la Junta de Andalucía, del comité de empresa y de la empresa mediadora Vitalia por otra ayuda por valor de un millón de euros para diez trabajadores de Graficomo acordada por la Junta en 2006.

Según la Fiscalía, los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado dijeron que la Junta de Andalucía concedió la ayuda de 300.000 euros a través de un concepto inadecuado, las transferencias de financiación, que tienen como objetivo cubrir pérdidas.

La ayuda iba destinada a los trabajadores, según la dirección general de Trabajo y la Seguridad Social, y para ello se aportó una cuenta corriente donde se realizarían los pagos, que luego se modificó "a petición de los trabajadores", aunque de ello no hay constancia, señala la Fiscalía citando las conclusiones de los peritos del Estado.

Además, se concedió sin que la dirección general de Trabajo y la Seguridad Social tuviera competencia para ello y sin que quedara acreditado su carácter excepcional ni hubiera solicitud formal por parte del beneficiario, señala la Fiscalía.

Tampoco consta resolución motivada de la concesión ni los requisitos legales exigidos a los beneficiarios, ni resolución motivada de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía así como tampoco los requisitos exigidos a los beneficiarios, añade el Ministerio público.

"La documentación obrante en el expediente analizado carece del mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos", añade Anticorrupción antes de indicar que la concesión de esta subvención no fue sometida por la Consejería a fiscalización previa de la intervención delegada, como era legalmente exigible.

Además del exministro, Anticorrupción pide imputar por esta ayuda a otros dirigentes de la Junta ya imputados en los ERE, como el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el exdirector de la agencia IDEA Jacinto Cañete.

También pide imputar al exdelegado de la Consejería de Empleo en Córdoba Antonio Fernández Ramírez, al asesor de CCOO Alfonso Nieto, al exdirector de la agencia pública IDEA Antonio Valverde y a los integrantes de la empresa mediadora Vitalia Jesús Bordallo, Antonio Albarracín y Francisco González.

Tras conocer la petición de la fiscalía, Pimentel se mostró "sorprendido" y defendió que cumplió con la "estricta legalidad" durante la crisis de la empresa cuyo consejo de administración presidía, Taller de Libros. Pimentel subrayó que no había "nada ilegal ni oscuro" por parte suya ni de los "trabajadores honrados", a los que la Fiscalía también pide imputar, y enmarcó sus reuniones con responsables de la Junta en las habituales de cualquier gestor para defender a su empresa. Pimentel enfatizó que cuando la presidió los trabajadores pidieron una ayuda que siempre consideraron "legal".

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