Nuestros corruptos

29.10.2015 | 00:48
Nuestros corruptos

Es historia lo que dijo el presidente estadounidense Roosevelt a propósito del dictador nicaragüense Somoza: "Puede ser un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra". En Cataluña, muchos parecen pensar lo mismo de quienes los han estado gobernando: "Son con seguridad unos corruptos, pero al menos son nuestros corruptos".

Las banderas y los nacionalismos, convenientemente agitados, consiguen muchas veces taparlo todo, incluso lo más hediondo. Y en Cataluña se ha tenido la indudable habilidad de identificar a España, en ningún caso a este o aquel gobierno -"España nos roba"- con maltrato, desigualdad y corrupción, cuando no había que mirar muy lejos para ver todo eso y mucho más.

Nadie negará la extraordinaria capacidad que han demostrado los dueños del lenguaje político catalán, es decir sus manipuladores, para envolver en celofán supuestamente democrático sus objetivos. "Derecho a decidir", "desconexión de España" y otros eufemismos por el estilo, a los que desde Madrid -manca finezza- no se ha sabido responder más que con el reiterativo recurso a la Constitución, como si ésta fuera eterna.

Uno no puede evitar la impresión, sobre todo después de escuchar a nuestro presidente del Gobierno, de que algunos en el PP han hecho también sus cálculos. Si Cataluña ya está perdida para nosotros electoralmente, saquémosle al menos el máximo partido a la situación en el resto de España. En los bares ya no se habla sólo del último gol del Madrid, del Barça o del equipo local, sino también de política, sobre todo de la "deslealtad" de los catalanes y de cómo es sólo el comienzo, porque seguirán luego otros: vascos, valencianos, los de les illes.

No hay que preocuparse: los españoles podemos estar "tranquilos", como nos recomendaba este mismo miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque mientras él -"el hombre tranquilo"- ocupe ese cargo, los independentistas catalanes no se saldrán con la suya.

¿Por qué, se pregunta uno, no se han utilizado todos estos años en tratar de contrarrestar la propaganda nacionalista catalana con argumentos mucho más convincentes que el recurso a una Constitución que todos, salvo tal vez el propio Mariano Rajoy, sabemos que hay que someter a un necesario aggiornamento?

¿Por qué no se ha intentando demostrar lo "antidemocrático" que es reivindicar el derecho unilateral a la independencia de una parte de un territorio que ha formado parte durante siglos de un Estado común sólo porque tiene su propia lengua y sus tradiciones si éstas se respetan como ocurre, que sepamos, en Cataluña?

¿Por qué no se argumenta que en esa región no se dan los supuestos que sí podrían justificar el derecho a la independencia como podría ser la violación de los derechos humanos o sociales o por lo menos, por lo que respecta a estos últimos, sin que haya diferencias con el resto de España?

¿Por qué no se explica justamente lo anacrónico que es la reivindicación de un Estado propio cuando las fronteras, en su tiempo justificadas por necesidades de defensa nacional y de protección comercial, tienen cada vez menos sentido en un mundo, para bien o para mal, globalizado?

Y finalmente, ¿por qué no se insiste en lo profundamente antidemocrático que es convertir en plebiscitarias unas elecciones y proclamar casi al día siguiente la declaración de un Estado catalán independiente sólo con una mayoría parlamentaria cuando una mayoría de los ciudadanos de esa autonomía han votado otras opciones?

Pues aun si se reconociera en una futura constitución el "derecho a decidir" de una parte del territorio, habría que establecer como condiciones inapelables para su eventual independencia una mayoría que debería ser al menos de dos tercios o incluso más y además un período de transición razonable.

La ruptura "no consensual" de un Estado es un asunto tremendamente grave si no garantizan los derechos de la totalidad de los ciudadanos que viven en el territorio secesionista y puede generar situaciones de injusticia además de emponzoñar la convivencia de los ciudadanos, fomentando la desconfianza y los conflictos de todo tipo.

Y es que además habría que preguntarse qué derecho tienen los independentistas a privar a quienes no lo son de su condición de ciudadanos del Estado común. Desde el punto de vista liberal-demócrata, el Estado pertenece a cuantos viven en su territorio sin que quienes habitan sólo una parte del mismo puedan disponer libremente de ella.

¿No habría que haber esgrimido todas esas y muchas más razones, como las relativas a la necesaria solidaridad entre los ciudadanos o la conveniencia de resolver los problemas democráticamente a través del libre debate y la negociación, en lugar de haber perdido tanto tiempo y dejado que se enconase la situación?

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