La Audiencia aparta del tribunal de 'Gürtel' a López y Espejel por "afinidad" con el PP

Uno de los jueces sustitutos justificó el caso del chivatazo a ETA por haberse dado en "un proceso de negociación política o de un proceso de paz" con la banda

31.10.2015 | 00:53

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ayer apartar a los magistrados Concepción Espejel y Enrique López del tribunal que juzgará la primera época de actividades de la trama de corrupción Gürtel, entre los años 1999 y 2005.

El órgano, que forman 18 magistrados y preside Fernando Grande-Marlaska, admitió las peticiones de recusación planteadas por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade) y el PSOE, en el caso de López, y por el primer colectivo, en el de Espejel. Adade y el PSOE denunciaron su "íntima vinculación" y "afinidad ideológica" con el PP, que será juzgado como partícipe a título lucrativo.

La decisión fue aprobada por una amplia mayoría de magistrados en el caso de López (14 contra 4) y por 10 frente a 8 en el de Espejel, según informaron fuentes jurídicas. No es recurrible ante ningún órgano, por lo que resulta definitiva.

En sus informes sobre ambos jueces, que también han sido recusados para evitar que juzguen el caso de los papeles de Bárcenas sobre la caja B del PP, las fiscales de Gürtel, Concha Sabadell y Concha Nicolás, entendieron avalada la relación de ambos con ese partido en vista de las pruebas practicadas, y pidieron al pleno que valorara si "un observador objetivo tendría razones para dudar de la imparcialidad" de los magistrados.

El propio López reconoció que percibió 13.102 euros por asistir a 68 actividades de FAES entre 2003 y 2015, y documentos aportados por el PP acreditan que el partido le propuso en tres ocasiones "para cargos públicos de alta relevancia, motivando su nombramiento como vocal del CGPJ y magistrado del Constitucional".

En su nombramiento participó, según reconoció López, la exministra Ana Mato, que será enjuiciada como partícipe a título lucrativo por las actuaciones de su exmarido Jesús Sepúlveda y forma parte del patronato de FAES.

Sobre Espejel, que fue nombrada asimismo vocal del CGPJ a petición del PP, el informe de Anticorrupción afirmaba que en la documentación aportada al expediente se ha "confirmado" que el partido y Luis Bárcenas, en su puesto de senador, intervinieron en la propuesta para nombrarla vocal.

De este modo, según las fiscales, representantes del PP "participaron directamente con su voto en su elección para ocupar uno de los más altos cargos del poder judicial y de su carrera profesional de forma inmediatamente anterior a ser nombrada miembro del tribunal actual (la Audiencia Nacional)".

La Sala de lo Penal tomó la decisión tras más de cuatro horas de debate en los que analizó los escritos de los magistrados, los informes de la Fiscalía Anticorrupción y la prueba practicada, consistente en la documentación remitida por el PP y la Fundación FAES, que dirige el expresidente José María Aznar, sobre la participación de los dos magistrados en cursos y jornadas.

De esta manera, el tribunal que juzgará a los integrantes de la trama Gürtel estará formado por los magistrados Ángel Hurtado, que dirigirá el juicio por ser el más antiguo de los tres y asumirá, además, la ponencia de la sentencia; Julio de Diego y José Ricardo de Prada.

De Prada defendió en abril de 2011 que el chivatazo a ETA que se produjo en el bar Faisán, en mayo de 2006, tenía "plena justificación" en el marco de "un proceso de negociación política o de un proceso de paz".

El juez firmó un voto particular en el que decía que el chivatazo "pertenece a un sector o lugar del ordenamiento jurídico distinto del estrictamente penal" que permite establecer "acercamientos con grupos terroristas para obtener el cese de su actividad".

"Es en este plano, en el de posibles negociaciones políticas, donde se encuentran legitimados los gobiernos de los estados a disponer de un determinado ámbito de actuación en el que sin infringir normas jurídicas que impliquen una quiebra del Estado de Derecho les permitan llevar adelante acciones tendentes a obtener resultados que quedan indiscutiblemente bajo lo que son las obligaciones de todos los gobiernos", señaló.

De igual modo, De Prada opinaba que los gobiernos están obligados a "la utilización de cuantos instrumentos políticos legítimos puedan existir desde la perspectiva de un estado social y democrático para la obtención de la pacificación y el fin de la lacra del terrorismo".

Asimismo, insistía en que acciones como el chivatazo "encuentran plena justificación en otro sector o lugar del ordenamiento jurídico distinto del estrictamente penal, pero con necesarias repercusiones en este".

Los autos acordando las recusaciones de López y Espejel, de los que solo se adelantó ayer el fallo, serán redactados por Ramón Sáez, en el primer caso, y Clara Bayarri, en el segundo. Los dos jueces son considerados progresistas y defendieron durante el debate la recusación de sus dos compañeros.

Tanto Espejel, que iba a ser presidenta del tribunal, como López, que tenía previsto redactar la sentencia, rechazaron apartarse del tribunal alegando que no tienen una relación de "amistad íntima" con los acusados ni "interés directo" en el procedimiento.

El PP defendió en un escrito su imparcialidad y reivindicó que su papel en el caso es "secundario y colateral", ya que se sentará en el banquillo como partícipe a título lucrativo en la red de corrupción.

La Fiscalía Anticorrupción pidió la tramitación de los dos incidentes en un informe en el que recordaban que el extesorero del PP Luis Bárcenas, que se enfrenta a 42 años y medio de cárcel, participó en 2008 en la votación en el Senado en la que Espejel fue elegida vocal del Poder Judicial y que varios de los acusados votaron la candidatura de López como juez del Constitucional.

López y Espejel también han sido recusados para evitar que juzguen el caso de los papeles de Bárcenas sobre la caja B del PP.

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