Desafío independentista en Cataluña

La Fiscalía ordena a los Mossos d'Esquadra que actúen si detectan indicios de sedición

El Consejo de Estado avala el recurso al Tribunal Constitucional y le pide que notifique a 21 cargos electos y miembros del Govern la suspensión de la resolución

11.11.2015 | 01:06
Rajoy y Sánchez se estrechan la mano a la puerta de la Moncloa.

La Audiencia Nacional dio ayer su primer paso contra la declaración independentista aprobada el lunes por el Parlamento catalán al pedir su Fiscalía a los Mossos d'Esquadra, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que actúen si detectan indicios de delitos de sedición en "autoridades, funcionarios o particulares". La instrucción sólo va dirigida contra personas no aforadas, ya que estas responden ante el Tribunal Superior de Cataluña. En consecuencia, quedan fuera del ámbito de esa orden los diputados autonómicos y los miembros del Gobierno catalán.

La iniciativa se dirige contra los "actos constitutivos de rebelión y sedición cuando la finalidad o el propósito de los mismos sea cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, en el caso en cuestión de la Comunidad Autónoma de Cataluña". Según la fiscalía, las fuerzas de seguridad deberán comenzar a actuar a partir del momento en que el Constitucional (TC) suspenda la resolución independentista.

El primer paso para que esto ocurra fue dado ayer por el Consejo de Estado, que, por unanimidad, dictaminó que la resolución muestra "voluntad de desobediencia o desacato" a la Constitución y supone una "declarada insumisión" a las instituciones del Estado. Por esta razón, el Consejo, cuyo dictamen es preceptivo pero no vinculante, respalda que el Gobierno presente recurso ante el Constitucional, iniciativa que el Ejecutivo tomará hoy. Previsiblemente, el TC se reunirá para debatir la admisión a trámite del recurso hoy mismo o, como muy tarde, mañana, jueves. La simple admisión suspende la resolución durante cinco meses.

En su dictamen, el Consejo propone que el TC incluya en su previsible providencia de admisión la notificación de la misma a 21 cargos electos y miembros del Govern -comenzando por el presidente de este y la del Parlament-, a los que cita con nombres y apellidos, "bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones", lo que de incumplirse daría lugar a acciones penales. Propone igualmente que se añada la prohibición expresa de que el Parlament emprenda iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.

Por su parte, algunos sectores de los Mossos d'Esquadra ven con preocupación la orden de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que actúen ante posibles delitos de sedición en Cataluña, mientras están a la espera de recibir directrices de sus mandos y exigen quedar al margen de disputas políticas.

El conseller de Interior, Jordi Jané, declinó ayer valorar públicamente la resolución de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ante la que tampoco se han querido posicionar el director de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle.

Sin embargo, fuentes de la policía catalana consultadas por Efe han remarcado que los Mossos d'Esquadra cumplirán y harán cumplir la ley, como hacen siempre, aunque lamentaron que se les utilice en batallas políticas, desde todos los lados enfrentados, para tratar de erosionar al adversario.

El portavoz de SAP-UGT, Valentín Anadón, indicó que la policía es "absolutamente neutral y apolítica", por lo que, como cuerpo policial, no tienen ningún posicionamiento político y se limitan a respetar y hacer respetar la ley.

Anadón pidió que se deje a los Mossos d'Esquadra "al margen" del enfrentamiento político y ha reclamado a los representantes de los partidos y de las instituciones que solventen la actual situación de desencuentro negociando políticamente y no "traspasando el problema a la policía".

Por su parte, el portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), David Miquel, situó la resolución de la Fiscalía en un contexto de "normalidad", ya que se trata a su entender de un "recordatorio" para saber cómo actuar si se incumple una eventual suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la resolución de ruptura aprobada ayer por el Parlament.

David Miquel recordó que, en su quehacer diario, los Mossos comunican cualquier delito a la Fiscalía, aunque reconoció que en este caso se le da mayor trascendencia debido a la importancia política del actual proceso que vive Cataluña.

El portavoz del Sindicato de Mossos d'Esquadra (SME), Toni Castejón, insistió que los agentes de la policía catalana son "ejecutores de las leyes en vigor" y recordó que el pasado año, cuando afrontaron una situación parecida con motivo de la consulta soberanista del 9N, ya advirtieron de que se limitan a obedecer órdenes para hacer cumplir la ley.

En cualquier caso, Castejón reclamó a la cúpula de los Mossos que les traslade órdenes claras.

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