El alcalde canario sin ley

Domingo González Arroyo se aferra al poder en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, pese a que está inhabilitado mediante una sentencia firme

03.01.2016 | 02:42
El alcalde Domingo González Arroyo fotografiado en su finca de La Oliva.

Un alcalde se atrinchera en el Ayuntamiento y se niega a dejar el cargo pese a una condena firme de inhabilitación en su contra. Los funcionarios y la Policía Local no saben a quién obedecer, si al alcalde condenado o al primer teniente de alcalde, que no puede convocar el pleno para ser elegido nuevo regidor porque han cambiado las cerraduras del inmueble que alberga la Corporación municipal.

Esta situación esperpéntica no sucede en un país lejano ni es el argumento de una película, sino que sucede en España y en 2016. El episodio se desarrolla estos días en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, y su protagonista principal es Domingo González Arroyo, un político acostumbrado a hacer de su capa un sayo a pesar de haberse visto involucrado en numerosas causas judiciales de las que ha salido indemne. Hasta ahora.

Apenas unos días después de tomar posesión como alcalde, en junio, se conocía una sentencia por la cual un juez condena a González Arroyo como autor de un delito continuado de prevaricación a nueve años de inhabilitación especial para el cargo de alcalde o cualquier otro que sea electo. El origen de esta condena se remonta a denuncias interpuestas en 2001 y 2003 por vecinos y ecologistas debido a la explotación de una cantera situada en terrenos del propio regidor y que, según la denuncia, no contaba con las licencias y autorizaciones para el desarrollo de esta actividad extractiva.

A partir de ese momento comenzó el sainete en el que ha estado envuelto el Ayuntamiento de La Oliva al negarse González Arroyo a acatar la decisión judicial y de la Junta Electoral, alegando que está recurrida. El colmo de esta rocambolesca situación ha llegado estos días con un alcalde aferrado al cargo -algo inédito en España-, funcionarios sin saber qué hacer por si incurren en algún delito y un primer teniente de alcalde, de nombre Pedro Amador, que, pese a ser del mismo partido, se ha visto sin poder convocar el pleno que le designe al frente del Ayuntamiento.

Poco margen de maniobra tienen el resto de los grupos políticos con representación en La Oliva, ya que se trata de un municipio muy fragmentado tras las elecciones municipales del pasado 24 de mayo, de las que salieron seis fuerzas con concejales: el Partido Progresista Majorero -la formación de González Arroyo- con cinco ediles; Coalición Canaria, también con cinco ediles; el Partido Popular, Votemos La Oliva -la marca de Podemos en el municipio-, el PSOE con tres concejales cada uno y Nueva Canarias con dos representantes.

Una semana ha tardado la Delegación del Gobierno en tomar cartas en el asunto con la orden expresa a González Arroyo de desalojar el despacho de la Alcaldía, algo que ya se ha consumado. Nadie se atreve a asegurar a estas alturas que sea el fin político del veterano dirigente, curtido en mil batallas judiciales y políticas desde las postrimerías del franquismo.

Con 75 años a sus espaldas, el conocido como marqués de las Dunas afirma que aún no está escrita su despedida de la actividad política porque, según le vaticinó su abuela, "estaré de alcalde en La Oliva hasta los 102 años".

Domingo González Arroyo ha ocupado todos los cargos públicos posibles en las instituciones que representan a una isla no capitalina como Fuerteventura. Fue concejal 18 años por el tercio familiar de la época franquista, donde solo votaban los cabezas de familia y las mujeres casadas. Más de 24 años como alcalde de La Oliva con mayoría absoluta; 20 años como consejero del Cabildo Insular, una institución con ciertas semejanzas a las diputaciones provinciales; dos décadas también como diputado en el Parlamento de Canarias, representando a los diferentes partidos en los que ha militado, y cuatro años como senador del PP por Fuerteventura.

Tras la muerte de Franco, González Arroyo se enroló en la UCD y desde entonces ha pasado por el CDS, CCI (partido fundado por el expresidente canario Lorenzo Olarte del naufragio del suarismo), el PP y ahora el Partido Progresista Majorero, franquicia política creada ad hoc para mantenerse en la actividad política.

González Arroyo ha manejado a su antojo tanto los asuntos de La Oliva, un municipio turístico de unos 25.000 habitantes, como los de sus empresas y propiedades, hasta tal punto que nunca se ha sabido a ciencia cierta donde acaba la gestión política y donde empiezan sus asuntos empresariales y particulares.

Un juez detectó en una ocasión, en medio de una investigación sobre González Arroyo, que éste atesora fincas rústicas, solares, viviendas, una cantera, sociedades patrimoniales, coches y hubo un época en que las dos únicas gasolineras del municipio también le pertenecían. "Yo jugaba con un balón de cuero cuando los demás niños no tenían con qué jugar. No necesito el dinero de nadie. Mi padre me dejó una gran fortuna. Soy el alcalde de los pobres", proclamaba el veterano político cuando se le preguntaba cómo había acumulado su patrimonio.

En su larga y atrabiliaria singladura se ha enfrentado sin tapujos con quien le haya cuestionado. Uno de las más sonados enfrentamientos políticos protagonizados por González Arroyo ha sido con el hoy ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, en su condición de presidente del PP de Canarias. El alcalde de La Oliva fue durante varios años líder indiscutible del PP de Fuerteventura, presidente insular de la formación en la isla y, pese a su controvertida trayectoria, a los populares les interesaba tenerlo entre sus filas por su capacidad para captar votos. Sin embargo, el idilio entre el dirigente y la dirección regional acabó con una bronca monumental cuando González Arroyo propició en 2008 una moción de censura en el Ayuntamiento de La Oliva aliándose con el PSOE para desbancar a Coalición Canaria de la Alcaldía, que le había arrebatado el puesto después de 25 años de mandato omnímodo.

Esta alianza entre populares y socialistas sirvió de pretexto a Soria para expulsar a González Arroyo del PP, lo que motivó encendidas críticas de éste contra el líder de los populares canarios. En medio del fragor de las declaraciones, el singular dirigente llegó a describir a Soria como un político "retorcido, desequilibrado y soberbio, que da patadas a los muebles del despacho" y le acusó de estar detrás de la censura.

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