Un proceso histórico y mediático

José Castro: "El Estado ha faltado al respeto a los que ingenuamente pagan impuestos"

El instructor del 'caso Nóos' critica a la Abogacía del Estado por sostener en la primera sesión del juicio que 'Hacienda somos todos' es solo una frase publicitaria

13.01.2016 | 00:40
José Castro, ayer, a la llegada al juzgado.

El instructor del caso Nóos, el juez José Castro, mostró ayer su indignación por uno de los argumentos de la Abogacía del Estado para exculpar a la infanta Cristina de los delitos fiscales: "Hacienda somos todos no es una realidad, sino un simple eslogan publicitario". Castro tildó esa alegación "de falta de respeto a los que ingenuamente hemos pagado nuestros impuestos". Por su parte, la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, medió también en la polémica y declaró que por supuesto que Hacienda somos todos y "todos tenemos la obligación de contribuir para poder financiar los servicios e inversiones públicas", según Efe.

Dolores Ripoll, jefa de la Abogacía del Estado en Baleares, cuestionó en su informe que una acusación popular, en este caso Manos Limpias, pueda imputar a alguien delitos fiscales porque eso es prerrogativa exclusiva de las Haciendas estatales o forales.

En el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos -dictado en noviembre del 2014- el juez Castro sostuvo que el sindicato Manos Limpias está legitimado para ejercer la acusación popular contra doña Cristina por dos delitos fiscales, a pesar de que ni la Fiscalía ni Agencia Tributaria -representada por la Abogacía del Estado- pide la condena para la exduquesa de Palma.

Según el juez del caso, los delitos contra la Hacienda Pública perjudican a todos los ciudadanos y no solamente a la propia Agencia Tributaria.

El magistrado recordó en ese auto el conocido lema Hacienda somos todos, que ha calado hondo en el imaginario español, para reafirmar que los defraudadores de impuestos cometen "un atentado a un bien jurídico colectivo de interés general", el erario público.

Si la Agencia Tributaria no quiere acusar a la Infanta, puede hacerlo la acusación popular en su lugar y en representación de todos los ciudadanos. "Llegar a la conclusión de que en los delitos contra la Hacienda Pública el perjudicado, o el único perjudicado, es la Abogacía del Estado sería tanto como decir que, ante un fraude del que fuera víctima una comunidad de propietarios, el perjudicado sería su administrador y no aquellos", consignó el juez.

Por si quedara alguna duda, Castro se explayó: cuando se produce "un determinado volumen de evasión fiscal, el Gobierno de turno, que ve disminuidos sus ingresos, efectúa una automática compensación recortando los servicios públicos, aumentando la presión fiscal o, lo que es más frecuente, ambas cosas a la vez, pero en todo caso es el indeterminado colectivo de los ciudadanos el que se ve directamente afectado por el delito".

La abogada del Estado, Dolores Ripoll, en su turno de intervención en la primera sesión de la vista oral trató de desmontar las tesis del juez Castro, que contaban con el respaldo de la sala segunda de la Audiencia, el tribunal que entendió de los recursos durante la instrucción de Nóos.

Castro explicó ayer que, en vista de escritos anteriores por parte tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado en defensa de la exculpación de doña Cristina, ya barruntaba que sus argumentos iban a ser atacados por estas partes en la fase de cuestiones previas del juicio.

"El que Hacienda no somos todos era algo que nos temíamos, pero que te lo digan descaradamente a la cara me parece una falta de respeto a los contribuyentes que hemos pagado nuestros impuestos", censuró José Castro.

Dolores Ripoll también sostuvo ante el tribunal que juzga a la Infanta y a su marido Iñaki Urdangarín junto a otros acusados que no existe base legal para poder afirmar que "el delito contra la Hacienda Pública es un delito de los que, por definición, carece de perjudicado". "Son el erario público, y la Hacienda Pública estatal quienes pueden ejercer las acciones que consideren pertinentes en el ejercicio de sus derechos", afirmó con base en la legislación y la jurisprudencia.

"La acusación popular no se fundamenta en el bien común, puede tener objetivos personales y clientelares", concluyó la abogada del Estado.

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