Trece detenidos por un fraude en la empresa pública Acuamed

Aguas de las Cuencas del Mediterráneo adjudicó obras de forma irregular y falsificó liquidaciones para aumentar los pagos

19.01.2016 | 00:49
Guardias civiles, durante el registro de la sede de Acuamed en Madrid.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo ayer a trece personas presuntamente relacionadas con un fraude millonario en contratos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Entre los detenidos figuran el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto; la directora de Ingeniería y Construcción de esta misma entidad y sus delegados en Murcia y Valencia. Mateo, al frente de Acuamed desde 2012, será relevado de su cargo hoy en un consejo de administración extraordinario de la empresa pública, convocado con un único orden del día.

La Guardia Civil denomina operación Frontino la actuación culminada ayer, en la que se practicaron 16 registros, entre ellos los de la sede central de la empresa pública en Madrid, sus delegaciones en Murcia y Valencia, la desaladora de Torrevieja (Alicante) y puestos de trabajo de empresas adjudicatarias de contratos.

La UCO investiga una supuesta trama que desde Acuamed habría adjudicado de forma fraudulenta obras y habría falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias.

Las obras investigadas están relacionadas, entre otras, con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses.

Las investigaciones se iniciaron en septiembre de 2014 tras una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción y las diligencias, de las que se ha hecho cargo el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular Eloy Velasco, han sido declaradas secretas.

Hasta el momento se han efectuado 13 detenciones (8 en Madrid, 3 en Barcelona, 1 en Valencia y 1 en Alicante); y se han practicado 16 registros en distintas sedes sociales de empresas y domicilios particulares (8 en Madrid, 3 en Valencia, 2 en Murcia, 1 en Alicante, 1 en Barcelona y 1 en Tarragona). En los próximos días se citará en calidad de investigados a 35 personas.

Según su propia página web, Acuamed es el principal instrumento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el desarrollo del Programa de Actuaciones en las cuencas mediterráneas. Tiene por objeto la contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas en el ámbito de las cuencas hidrográficas del Segura, Júcar, Ebro, Cuenca Mediterránea Andaluza y Cuencas Internas de Cataluña.

Fuentes de la empresa han informado a Efe de que los delegados detenidos son J.M.G, de Murcia, y P.M.M., de Valencia. La detención del directivo murciano se produjo en la sede de Acuamed en Madrid, mientras que su homólogo de Valencia fue arrestado en su domicilio de la capital del Turia antes de viajar también a la central para asistir a una reunión.

Tras conocer las detenciones, el secretario adjunto del grupo socialista y diputado por Valencia, José Luis Ábalos, exigió "explicaciones urgentes e inmediatas" a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Ábalos ha considerado que se trata de un "escándalo tremendo", por el que la ministra "debe salir a dar explicaciones urgentes e inmediatas" y que con independencia de la operación judicial en marcha, "el Ministerio debería también abrir una investigación urgente".

Para el diputado socialista, "parece que ni la crisis ni las políticas de austeridad han sido un obstáculo para que algunos sigan llevando a cabo prácticas delictivas de este nivel tan escandaloso y repugnante".

"El PP es el verdadero responsable de todo esto porque está ocurriendo con un Gobierno del PP", se queja Ábalos en un comunicado difundido por el PSOE, y añade que actuaciones como ésta "no pueden constituir una credencial para que el PP siga gobernando este país", sentenció.

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