La investigación del 'caso Imelsa' apunta a una financiación ilegal del PP en Valencia

Las "sospechas" se extienden a cargos como la exalcaldesa y senadora Rita Barberá y el diputado Gerardo Camps - Rus, en libertad provisional con fianza de dos millones al no haber "riesgo de fuga"

29.01.2016 | 02:00
Rita Barberá.

Las investigaciones sobre la trama de cobro de comisiones en la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, apuntan a una posible financiación ilegal del PP valenciano, según fuentes cercanas al caso.

Las fuentes han indicado a Efe que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechan de esa relación tras escuchar las conversaciones grabadas por el exgerente de Imelsa Marcos Benavent con distintas personas, entre ellas varios cargos públicos del PP.

Según la investigación, los integrantes de la trama infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad valenciana se servían de sus puestos de responsabilidad y de su potestad en materia de contratación para "percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas".

Lo que tratan de determinar los investigadores, a partir de esos indicios, es si parte de ese dinero fue a parar a las arcas del PP. De las 24 personas detenidas hasta ahora por este caso, nueve están relacionadas directamente con la política -cargos o excargos del PP como el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus-. Entre ellos figuran también doce empresarios, dos arquitectos y un exempleado del Ayuntamiento de Valencia, actual asesor del PP. Rus fue puesto ayer en libertad provisional con una fianza de dos millones, al no apreciarse "riesgo de fuga" por el juez. Idéntica fianza se impuso a Máximo Caturla, ex vicepresidente de la Diputación valenciana y otra de un millón al exalcalde Genovés Emilio Llopis.

La investigación se extiende también al blanqueo de capitales, según ha podido saber Europa Press. Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos.

Las fuentes consultadas han señalado que hay abiertas varias vías de investigación y que, entre ellas, se estudia la posibilidad de que se hubiera incurrido en financiación ilegal del PP en esta comunidad autonóma y que algunos altos cargos populares tuvieran conocimiento de estos hechos.

En este sentido, señalan que la investigación podría acabar afectando a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora territorial del PP Rita Barberá y al ex vicepresidente económico y diputado popular Gerardo Camps, aunque de momento se trata solo de indicios y sospechas, advierten.

El juez citará a declarar a 50 miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, informa El País. El interrogatorio podrá ser realizado por la policía judicial por delegación del magistrado. La citación alcanza a todos los concejales y asesores de la pasada legislatura. Una medida que tendrá previsiblemente graves consecuencias políticas. El motivo por el que Rita Barberá no estará entre ellos, explican fuentes de la investigación, es por su condición de senadora, lo que la convierte en aforada ante el Tribunal Supremo, el único que puede dirigir acciones penales contra ella.

El propio presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se ha pronunciado ya sobre este supuesto y, preguntado por si tomará medidas contra Barberá o Camps en caso de ser imputados, recalcaba que no han sido llamados a declarar ni detenidos, por lo que están "absolutamente limpios".

"Mientras no sean llamados a declarar o no se les acuse de nada no puedo decir nada distinto de que estas personas están absolutamente limpias", proclamó Rajoy, si bien reiteró que cualquier persona acusada será apartada del partido.

La macrooperación desplegada desde el pasado martes por la Guardia Civil en Valencia se dirige contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas valencianas -ayuntamientos, Diputación Provincial de Valencia y Generalitat- que se descubrió a raíz de la denuncia por el llamado caso Imelsa.

Las pesquisas se iniciaron a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa.

Sin embargo, las investigaciones apuntaron a que la trama afectaba a un ámbito mucho mayor y se presentó una querella más detallada ante los Juzgados de Valencia.

El pasado mes de marzo, el juez instructor de la causa les incoó diligencias por diversos delitos contra la administración pública -entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales-.

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