Ni antes ni después

01.03.2016 | 01:04

Cuando Pedro Sánchez suba hoy a la tribuna del Congreso en su intento de conseguir lo que ya le ha sido negado de antemano habrán pasado ya 71 días desde la celebración de elecciones generales. Las encuestas revelan los primeros síntomas de un hartazgo ciudadano que comienza a resquebrajar la convicción de que todavía puede esperarse algo de la política, una confianza sobre la que se sustentaba la pujanza de lo que, en su momento, fueron partidos emergentes, hoy empantanados ya en un juego parlamentario de difícil solución.

El cansancio se volverá indignación a medida que vayan pasando, sin perspectiva de cambio, los días de ese plazo de dos meses, a contar desde hoy mismo, que desemboca en una nuevas elecciones. Ante ese proceso volveremos a recordar que la democracia no tiene precio pero resulta cara. Repetir los comicios costará unos 160 millones de euros, según estimaciones del Ministerio de Interior, a las que habrá que dar la fiabilidad de la que carece su titular interino.

En el supuesto, arriesgado, de que el resultado de las elecciones repetidas el 26 de junio rompan con este complejo reparto, no habrá un nuevo Gobierno hasta agosto. Asusta pensar que ése sea el calendario político para los próximos meses y ofende la tranquilidad con que esos plazos se aceptan como probables mientras se habla de la "emergencia social" a la que tiene que atender de forma prioritaria el nuevo Ejecutivo. ¿Hay tiempo de sobra o decisiones marcadas por la urgencia?

Estamos ante un debate de trámite cuyo único efecto es que comience a correr el calendario. El fracaso del presidenciable Sánchez sirve ahora sólo de señal de salida hacia no se sabe qué, como si en los más de dos meses precedentes no hubiera existido margen para avanzar hacia un acuerdo que, para sumar el respaldo necesario, sólo puede sustentarse sobre más renuncias que imposiciones. El PP incluso apura las horas al forzar una segunda votación, que se celebraría cerca de la medianoche del viernes a poco que la sesión de mañana -con intervenciones de todos los portavoces y réplicas sin límite del aspirante, más el voto uno a uno de los diputados y el escrutinio- discurra con el ritmo moroso habitual de la vida parlamentaria.

El documento sobre el que se sustenta el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos no va más allá de una laxa declaración de voluntades cuyo cumplimiento está severamente condicionado a conseguir apoyos suplementarios. Ese sería el primer imperativo para el Sánchez presidente, que no puede dar un paso en ningún frente sin negociación previa. En lugar de ver en ello una oportunidad de marcar desde fuera la acción de Gobierno, la izquierda redentorista se mantiene en sus posiciones de partida: consulta catalana y gobierno compartido. Con condicionantes tan rígidos resulta imposible llegar a nada, sea antes o después del fracaso de Pedro Sánchez.

El PP mantiene un "no" coherente al pacto de PSOE y Ciudadanos. Es cierto que ese acuerdo se encamina a desmontar una parte sustancial de cuatro años de un gobierno implacable. Y esa es una razón añadida para que los populares busquen otras propuestas alternativas a la "gran coalición", cuyos socios potenciales han puesto por escrito que su objetivo es un rectificación severa de mucho de lo que Rajoy exhibe como logros. En los términos actuales no hay entendimiento posible en torno al PP, sea antes o después del fracaso de Sánchez.

El presidente de la agenda en blanco sigue sin entender que en democracia las elecciones son algo más que una carrera de galgos, en la que para ganar basta con quedar el primero. Rajoy, además, está en el mismo grupo que Rita Barberá, que ennoblece también Iñaki Urdangarin, de los que cobraban mucho sin enterarse de nada. Nunca fue un hombre de consenso, limitación agravada por esa suma de circunstancias sobrevenidas: ahora su persona resta los votos que pretende atraer. De nada sirven la ignaciana llamada al orden de la antes estricta gobernanta Cospedal o que Margallo cite a Lenin para apuntalar a quien ya no se sostiene aunque Sánchez fracase.

En esa incapacidad política para resolver una situación que los electores han decidido que sea compleja anida una peligrosa desafección ciudadana. De quienes hoy están de debate depende que vaya a más o no.

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