Juicio del caso Nóos

¿Existe una operación para 'salvar' a la Infanta Cristina?

Mientras el Estado se ha movilizado para exculparla, el juez Castro y Manos Limpias han insistido en su imputación

04.03.2016 | 08:44
El juez Castro y el fiscal Horrach.

La imputación de la Infanta Cristina por fraude a Hacienda en el caso Nóos desató una batalla jurídica entre el juez instructor José Castro y el fiscal, Pedro Horrach, quien no ha cejado en su empeño de intentar exculpar a la hermana del Rey.

Durante la fase de cuestiones previas en la primera jornada del juicio del caso Nóos, la Fiscalía aportó por sorpresa un nuevo informe de Hacienda que exoneraba a Doña Cristina de los dos delitos fiscales que le atribuye Manos Limpias, que ejerce de acusación popular.

El dictamen indica que no se puede trasladar al ámbito penal el papel de la Infanta al frente de la empresa Aizoon por el mero hecho de ser socia junto a su marido en la misma. Precisa que quienes no tienen funciones de gestión no pueden incurrir en responsabilidades penales. A través de Aizoon, Iñaki Urdangarin habría defraudado a Hacienda en 2007 y 2008.

Horrach reclamó además que se le aplicara a Doña Cristina la doctrina Botín. "No es normal que un ciudadano de Bilbao no se siente en el banquillo y otra aquí sí", apuntó en referencia a dos sentencias que desarrollaron dicha doctrina, una de ellas de la Audiencia de Bilbao. Agregó que "ninguna persona se ha sentado en el banquillo" estando en la mismas circunstancias que la exduquesa.

Este empeño por librar a la Infanta del banquillo ya se dio durante toda la fase de instrucción del caso Nóos. La Agencia Tributaria presentó varios informes que concluían que no había cometido ningún delito, lo que no convenció ni a Castro ni a la Audiencia de Baleares para librarla del banquillo.

Hacienda no somos todos

Tampoco la Abogacía del Estado estaba por la labor de juzgar a la Infanta. Sorprendió durante las cuestiones previas las palabras de la jefa de la Abogacía en Baleares, Dolores Ripoll, quien afirmó, para exculpar a la hermana de Felipe VI, que la frase "Hacienda somos todos" debe circunscribirse "al ámbito para el que fue creado: el de la publicidad, exclusivamente como forma de concienciación al país".

Ripoll aludía así al auto con el que el juez Castro decidió definitivamente sentarla en el juicio. Según el magistrado, el citado eslogan "fuerza a plantearse la naturaleza del delito contra la Hacienda Pública como atentado a un bien jurídico colectivo de interés general y que, por tanto, no vulnera un bien jurídico individual, que pudiera ser propio y exclusivo de la Agencia Tributaria".

La abogada del Estado insistió en que "no existe base legal para afirmar que el delito contra la Hacienda Pública es un delito de los que, por definición, carece de perjudicado". El perjudicado en los delitos fiscales "es el erario público y no los ciudadanos en general". "La Hacienda Pública estatal puede ejercer las acciones que considere pertinentes en el ejercicio de sus derechos", agregó.

Tanto Horrach como Ripoll se alinearon así con las tesis del abogado de la Infanta, Jesús María Silva. Silva argumentó que se estaban vulnerando los "derechos fundamentales" de su representada. El letrado subrayó que Manos Limpias no tiene legitimidad para mantener en solitario la imputación de Doña Cristina si no la acusan ni la Fiscalía ni acusaciones particulares. "La pesadilla de los grandes juristas es llegar a juicio bajo la acusación solo de la acción popular", defendió.

Manos Limpias solicita 8 años de cárcel

Únicamente Manos Limpias pide condenar a la Infanta. El sindicato solicita para ella ocho años de cárcel por ser cooperadora necesaria en presuntos delitos fiscales cometidos por Urdangarin a través de Aizoon.

Según expuso en el juicio la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, los delitos fiscales afectan a todos los ciudadanos y no juzgar a la Infanta supondría que quedaría "estigmatizada socialmente". "La Justicia no se estaría aplicando igual para todos", sostuvo.

Para López Negrete, sí cabe una acción popular que acuse en solitario a la Infanta porque la Abogacía del Estado nunca ha solicitado el sobreseimiento contra ella.

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