Caso de los ERE

Archivarán doce acusaciones de los ERE al haber prescrito

Los beneficiados son empresarios de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, la más beneficiada por las ayudas

14.03.2016 | 16:08

La juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, tiene previsto archivar por prescripción doce imputaciones a empresarios de la Sierra Norte de Sevilla que hizo la magistrada Mercedes Alaya en el caso de los ERE, lo que supondrá los primeros archivos en este caso, que acumula casi 300 acusados.

Fuentes judiciales han explicado a Efe que el archivo se plasmará en un auto tras la decisión de la Audiencia de Sevilla de levantar las imputaciones a dos empresarios porque fueron acusados de prevaricación y malversación de caudales públicos más de diez años después de que recibieran las ayudas.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido en marzo de 2015 a la juez que entonces instruía los ERE, Mercedes Alaya, que no se imputara, por prescripción, a doce de los 35 empresarios acusados de la Sierra Norte de Sevilla, la comarca más beneficiada por esas ayudas.

La Audiencia tomó la semana pasada la decisión de levantar las imputaciones y explicó que el atestado policial que sirvió para esas 35 acusaciones no se entregó hasta finales de 2014.

La juez Núñez, en su auto, dejará la puerta abierta para que se reclame por la vía de responsabilidad civil las cantidades que se concedieron a Luis García, empresario y secretario de Organización del PSOE en Las Navas de la Concepción (Sevilla), que recibió 270.000 euros, y a José Manuel Prieto, que recibió 180.303 euros.

En marzo de 2015, Anticorrupción solicitó la prescripción de los delitos para doce empresarios que percibieron ayudas directamente o en nombre de personas jurídicas cuyo importe fuera "claramente inferior" a 450.000 euros, y siempre y cuando hubieran pasado diez años desde que la recibieron hasta que la juez dictó el auto de imputación el 6 de febrero de 2015.

La Fiscalía sostenía que no podrán considerarse de "especial gravedad" las ayudas inferiores a los 450.000 euros para aplicar el subtipo agravado respecto al delito de malversación.

Cuando recibió la solicitud de la Fiscalía, Alaya suspendió las declaraciones previstas de los 35 empresarios de la Sierra Norte imputados pero no llegó a resolver la petición antes de que en junio de 2015 accediera a la plaza que logró en la Audiencia de Sevilla.

La decisión de la Audiencia ha confirmado las advertencias que le habían hecho a la juez desde la Fiscalía y desde la Junta de Andalucía sobre posibles prescripciones de delitos.

El debate jurídico suscitado en este caso versaba sobre si nueve resoluciones de Alaya rompían los plazos de prescripción, lo que defendía la instructora y han rechazado los magistrados de la sección séptima de la Audiencia, compañeros ahora de la juez.

"Hasta ese momento, lo que en la causa tenía lugar en esa línea de investigación sobre empresas de la Sierra Norte era -permítasenos la expresión- una indagación a ver qué subvención o ayuda había sido concedida ilegalmente vista la enormidad de la actuación presuntamente delictiva de terceras personas inmersas en los 'círculos de poder'", explica la Audiencia en su decisión.

La Audiencia señaló que "los indicios de hechos delictivos en la concesión de determinadas ayudas o subvenciones, y con ellos la identidad de sus presuntos autores, no aparecieron" hasta el atestado de la Guardia Civil.

El empresario que recibió 270.000 euros para la cooperativa Virgen de Belén logró el dinero gracias a la influencia que ejercía en altos cargos de la Junta de Andalucía, según decía Alaya en su auto de imputación.

La ayuda se aprobó "sin aportar documentación justificativa de proyecto alguno para el destino de la ayuda" y sin que la empresa estuviera al corriente en los pagos de sus obligaciones tributarias y a la Seguridad Social, precisaba Alaya.

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