El Congreso se encomienda al Constitucional para aclarar si puede controlar al Gobierno

"La arbitrariedad del Ejecutivo de Mariano Rajoy no es de recibo", protesta Patxi López, a quien el PP acusa de hacer seguidismo del PSOE y de ser "intransigente"

19.03.2016 | 01:00

Una reunión de apenas media hora con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, fue ayer suficiente para que el presidente del Congreso, Patxi López, concluyera que al final tendrá que ser el Tribunal Constitucional (TC) el que dirima la pugna entre la Cámara baja y el Gobierno en funciones sobre si este debe someterse a su control ordinario. PSOE, Podemos y Ciudadanos (C's) también creen inevitable que la corte de garantías intervenga.

En respuesta, el Ejecutivo de Mariano Rajoy acusó a López de no ser neutral y, casi, de trabajar por los intereses de su partido, el PSOE. El secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, tachó al presidente del Congreso de "intransigente" y de tener una posición que coincide "miméticamente" con la de sus siglas.

Pero fue la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros acusó directamente a López de hacer seguidismo del PSOE. Y le reprochó, además, que haya convertido el mes de abril, "el mes conciliador para buscar acuerdos", en un periodo para "hacer oposición" a un Ejecutivo que no tiene capacidad política; el de un partido, el PP, que está intentando formar Gobierno con el apoyo "indispensable" de los socialistas.

Obligación

Horas antes, López se había reunido con Ayllón, en un intento de convencerle de que el Ejecutivo en funciones debe someterse al control de la Cámara baja, tal como exigen los otros tres principales grupos. Pero Ayllón siguió defendiendo que un Gobierno sin la confianza parlamentaria "no tiene la obligación" de someterse al control, ni el Congreso capacidad de exigirlo.

Y si Ayllón se reafirmó en sus posiciones, López lo hizo en las suyas, mostrándose convencido de que no le queda más opción que encomendarse al Constitucional para que aclare si un Gobierno en funciones está obligado a someterse a la fiscalización del Parlamento, aunque no sea el que le ha dado la confianza. Para López, la "arbitrariedad" del Ejecutivo "no es de recibo".

Sin embargo, la decisión de recurrir al TC deben tomarla los grupos parlamentarios y, después, ratificarla el Pleno.

Los socialistas y otras formaciones están preparando ya la solicitud, que la Mesa del Congreso podría calificar el próximo día 29. La idea es que pueda debatirse en el Pleno del 5 de abril. Después, se abre un plazo de un mes para presentar alegaciones.

Meritxell Batet, secretaria de Estudios y Programas del PSOE, anunció ayer que su grupo trabaja ya para llevar al Pleno esta iniciativa, ante el "choque institucional" entre el Congreso y el Gobierno, y criticó al PP por empecinarse en evitar el control de un Legislativo que tiene "una legitimidad democrática nueva y fuerte" emanada de las urnas.

Cuenta con el respaldo de Ciudadanos, que lamentó, por boca del secretario del grupo, Miguel Gutiérrez, que no haya sido posible un acuerdo "de mínimos" para facilitar esa labor de fiscalización.

Podemos también está estudiando la vía del Constitucional para que el Ejecutivo rinda cuentas, aunque parece que pretenden hacerlo por su cuenta, al margen de lo que haga el PSOE, según dio a entender la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Irene Montero, informa Efe.

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