La Guardia Civil alerta sobre el peligro que corren algunos sumarios de los ERE

La Fiscalía denuncia al consejero andaluz de Economía por prevaricación y falsedad por adjudicaciones en su etapa en la Universidad de Sevilla

01.04.2016 | 01:03
Antonio Ramírez de Arellano

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dirigido un escrito al juzgado que investiga el caso de los ERE en el que afirma que el auto de prescripciones aprobado por la Audiencia de Sevilla "podría afectar a las conclusiones" de otros atestados en los que están trabajando.

La UCO explica en su escrito que está elaborando varios atestados a través de los cuales se analizan las subvenciones que la Administración andaluza concedió a diferentes empresas y colectivos de trabajadores que son objeto de la causa de los ERE.

Por ello pide al juzgado que se le facilite la "sentencia" de la Audiencia, que en realidad es un auto, "para la correcta valoración de los hechos que a través de los mencionados atestados se están intentado esclarecer".

El cuerpo policial se refiere al auto dictado el 9 de marzo por la Audiencia de Sevilla en el que levanta las imputaciones a dos empresarios de la Sierra Norte. Las prescripciones se decidieron porque fueron acusados en el caso de los ERE por la juez Mercedes Alaya más de diez años después de que recibieran las ayudas, que ascendieron a 450.000 euros y por las que fueron imputados por prevaricación y malversación de caudales públicos.

La UCO considera que esta decisión judicial "podría afectar a las conclusiones que en los atestados policiales se están reflejando con objeto de las posibles responsabilidades que pudieran aflorar en varias personas físicas, y más concretamente a la prescripción de algunos hechos supuestamente delictivos". Después del auto de la Audiencia, la juez María Núñez Bolaños archivó las imputaciones contra 12 personas, que fueron las primeras imputaciones acordadas por Alaya en el caso.

Entre tanto, la Fiscalía Superior de Andalucía ha denunciado por prevaricación administrativa y falsedad en documento público al consejero andaluz de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, por hechos vinculados a su etapa de vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla y relacionados con la adjudicación de la redacción de un proyecto arquitectónico.

Según informaron a Efe fuentes judiciales, el escrito de la Fiscalía se produce a raíz de una denuncia del Colegio de Arquitectos de Sevilla sobre la adjudicación de la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius).

La denuncia se presentó en marzo de 2015 ante la Fiscalía de Sevilla pero al implicar a Ramírez de Arellano y ser éste aforado como consejero del Gobierno andaluz, el caso pasó a la Fiscalía Superior de Andalucía.

La obra consistía en la construcción de 25.800 metros cuadrados y estaba presupuestada en 34 millones de euros, según la denuncia, y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos.

El consejero, en una rueda de prensa en Jaén, en la que ha dicho hablar como ciudadano y catedrático, pidió ayer que se respete la presunción de inocencia. Ramírez de Arellano explicó que tuvo conocimiento de este hecho el miércoles por la tarde y manifestó su máximo respeto a las actuaciones preliminares que se están llevando a cabo, al tiempo que ha prestado su total disponibilidad para seguir colaborando.

Ramírez de Arellano quiso dejar claro que se trata de un asunto que nada tiene que ver con la Junta de Andalucía sino que concierne a la Universidad de Sevilla.

Asimismo señaló que "los litigios de este tipo son muy habituales" y que en su opinión el Colegio de Arquitectos debería haber presentado la denuncia en sede judicial desde el primer momento si lo creía oportuno y no en la Fiscalía de Sevilla, de forma que desde el principio hubieran podido disfrutar de todas las garantías.

En este sentido añadió que en esta nueva etapa las actuaciones están donde deben, en el TSJA, y defendió "la honestidad y el rigor de los funcionarios de este país incluyendo los de la universidad". "Creo en la justicia, creo en la tutela judicial, en la presunción de inocencia y pido que se respete en este caso", enfatizó.

Y concluyó diciendo que es "consciente de que son malos tiempos para la política, para la acción política digna y valiosos y los políticos dignos y valiosos que ha sido víctimas de la generalización dictadas por comportamientos que en ocasiones no han sido correctas".

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