Un constructor admite que financió de modo ilegal al PP en las generales de 2008

Barberá declara al juez que no recuerda cómo pagó a su partido en las municipales de 2015 - Anticorrupción cree que en los comicios hubo un delito de blanqueo

02.04.2016 | 02:51
El suspendido portavoz municipal del PP en Valencia, Alfonso Novo.

El constructor Enrique Ortiz ha admitido que financió de forma ilegal al PP en la campaña de las elecciones generales de 2008 a través de pagos ficticios a la empresa de la red Gürtel en Valencia Orange Market y ha pedido que, ante ese reconocimiento de los hechos, se le aplique la atenuante de "confesión tardía".

Ortiz -que además está imputado en tres piezas del caso Brugal, relacionado con la adjudicación de contratos de recogida de basuras en la provincia de Alicante- ha reconocido estos hechos en el escrito de defensa presentado tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de abrir juicio oral a 20 acusados, entre ellos 5 excargos del PP de Valencia, como Ricardo Costa y Vicente Rambla, por delito electoral y falsedad en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y por delito fiscal.

En su escrito de acusación, con el que ahora se muestra "conforme" Ortiz, la Fiscalía sostiene que el constructor "abonó una parte de los gastos" del PP de la Comunidad Valenciana, con ocasión de la campaña de las elecciones generales de 2008", mediante una aportación de 348.115 euros.

"Para dar cobertura formal a esas entregas, Orange Market SL elaboró diversas facturas que suponían la prestación de servicios por su parte a la sociedad Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras", concluye Anticorrupción.

Tras difundirse la admisión de culpabilidad de Ortiz, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, aseguró que los escritos que están presentado los empresarios asumiendo que financiaron ilegalmente campañas del PP son la "prueba definitiva" de este delito por parte del partido que lidera el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. El secretario de Organización de los socialistas valencianos, Alfred Boix, aseguró que la confesión de Ortiz "destruye la teoría del desconocimiento" de los hechos por parte de Rajoy.

Mientras, la senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha asegurado por escrito al juez que investiga el caso Imelsa que no recuerda "con exactitud" la manera en la que aportó 1.000 euros al PP para la financiación de las elecciones municipales de 1015, aunque supone que lo hizo por talón bancario.

Barberá niega en el escrito que esa cantidad le fuera devuelta, como la Fiscalía y la Guardia Civil sostienen que sucedió con medio centenar de personas vinculadas al Grupo Popular. La sospecha del instructor es que con motivo de esos comicios se produjo un delito de blanqueo de capitales, en el que el PP devolvió en efectivo las cantidades donadas con la excusa de ayudar a financiar la campaña electoral.

La exalcaldesa deriva la responsabilidad de haber solicitado a los integrantes del Grupo Popular los 1.000 euros para "financiar" las actividades electorales al comité de campaña, del que ella no formó parte. La letrada describe a Barberá como "la candidata, con una única y finalista misión, la de captar votos, lo que como es fácil de adivinar absorbe el tiempo suficiente como para que ni siquiera pueda adquirir conocimiento alguno sobre temas relacionados con competencias que no son suyas, sino del comité de campaña".

Barcberá alega en el escrito al juez que no se ocupó de la financiación de la campaña porque estaba muy ocupada ejerciendo de alcaldesa y de candidata. Y apunta a que todo responde a una venganza tejida por su antigua mano derecha, el exvicealcalde Alfonso Grau, y los asesores de este.

El núcleo de las investigaciones judiciales de esta práctica afecta al grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia. El total de personas investigadas en ese sumario es de 47, entre concejales y asesores pasados o presentes.

Precisamente, el Consistorio valenciano celebró ayer una curiosa sesión plenaria marcada por la tensión. El grupo popular estaba compuesto sólo por independientes, ya que todos los concejales que lo integran han sido suspendidos de militancia por el PP mientras se investiga el alcance de sus responsabilidades en la trama de blanqueo de capitales. La Junta de Gobierno de Valencia acordó ayer suspender de empleo y sueldo a siete asesores del Partido Popular.

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