El juez del caso de los falsos ERE procesa a Chaves y a Griñán por prevaricación

El magistrado Martín rechaza la "ignorancia" aducida por los dos expresidentes andaluces y afirma que conocían las irregularidades del sistema y las permitieron

02.06.2016 | 02:12

Los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán fueron procesados ayer por el juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos de la Junta, Álvaro Martín, por los delitos de prevaricación administrativa y malversación -sólo el segundo-. El magistrado cierra así la llamada pieza "política" del caso, cuya instrucción ha durado más de cinco años.

El delito de prevaricación administrativa no acarrea pena de prisión, pero el de malversación sí. Con el anterior Código Penal, por el que se ha instruido el sumario de los ERE, dado que empezó a investigarse en enero de 2011, la pena es de 4 a 8 años.

Entre los 24 procesados por el titular del Juzgado de instrucción número 6 de Sevilla figuran también los exconsejeros de la Junta Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo. El juez imputa prevaricación y malversación a los cuatro últimos.

Chaves y Griñán solicitaron su baja voluntaria en el PSOE, y lo mismo hicieron Zarrías y Vallejo ya el pasado lunes. El código ético del PSOE establece que los afiliados a los que se abra juicio oral por un delito relacionado con la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia. Si son condenados en firme, serán expulsados del partido.

Tras conocerse el nombre de los procesados en la pieza "política" del caso de los ERE, el líder socialista, Pedro Sánchez, afirmó que, aunque respeta "el trabajo de los jueces", él es un "político limpio" y su gobierno será el de la "honradez intransigente". El candidato socialista destacó que los dos expresidentes andaluces ya asumieron responsabilidades en junio del año pasado, cuando dimitieron de sus cargos como parlamentarios tras ser inculpados por el Tribunal Supremo, y ahora han pedido su baja temporal como militantes.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, defendió por su parte que los expresidentes son "dos personas honestas que nunca se han beneficiado de los cargos que han ocupado".

Desde el PP, la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, manifestó que los imputados tienen que explicar "cómo y por qué se produce ese gran fraude como dijo Griñán". Y desde Podemos, su líder en Andalucía, Teresa Rodríguez, declaró que "es una vergüenza para todos los andaluces que los dos presidente que han gobernado durante más tiempo en Andalucía se tengan que sentar ante los juzgados por prevaricar, por mal utilizar el dinero público" y se mostró convencida de que los expresidentes "sabían muchas más cosas de lo que están reconociendo saber y sino lo sabían, también es responsabilidad suya por las oportunidades que hemos perdido".

En su auto, el juez considera probado que el procedimiento que se siguió para la distribución de ayudas y subvenciones -aplicado entre 2000 y 2011- tenía por objeto "eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía". Y calcula en 854,8 millones el dinero que por este medio se repartió de forma discrecional o arbitraria.

Sobre Chaves, presidente de la Junta de 1990 a 2009, "concurren elementos suficientes para sostener, siquiera indiciariamente, que conocía la ilicitud del sistema que estaba manteniendo y, por tanto, que no debe admitirse su aducida ignorancia", indica el magistrado Martín.

Para el delito de malversación que atribuye a Griñán, el instructor marca "un hito cronológico en el año 2005", cuando la Intervención General de la Junta emitió un informe del ejercicio de 2003 en el que se indicaba se "se estaba prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento establecido" para conceder subvenciones. Y razona: "No era posible desconocer los graves hechos que ponía de relieve el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias".

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