Santiago Muñoz Machado Jurista y académico de la Lengua, publica 'Vieja y Nueva Constitución'

"Hay que reformar el Estatut y la Constitución para que Cataluña se sienta más integrada en España"

"Los catalanes ejercerían el derecho a decidir pero sobre un texto y es la única solución posible"

05.06.2016 | 01:37
Muñoz Machado en la biblioteca de la RAE.

El conflicto catalán tiene una única solución que pasa por sendas reformas de la Constitución y del Estatut, refrendadas por los españoles y los catalanes respectivamente, según la fórmula que propone Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, 1949), catedrático de Derecho Administrativo, miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y autor prolífico de relevantes libros jurídicos, al analizar a fondo en su flamante obra Vieja y Nueva Constitución (Crítica) las causas del descrédito institucional de España con la mira puesta en los retos que se avecinan cuando se abra el melón de revisar nuestro sistema constitucional para dar respuesta a la permanente disputa sobre la titularidad de la soberanía. Llegados aquí, la pregunta clave es la siguiente: ¿Tienen los pueblos derecho a decidir sobre su destino? Premio Nacional de Ensayo en 2013, Muñoz Machado defiende en esta entrevista con Epipress la legitimidad de los catalanes a decidir, "pero sobre un texto" al tiempo que advierte que no existe jurisprudencia de autodeterminación que permita la secesión "porque no está permitido por la Constitución ni por el Derecho Internacional". El problema es que la Carta Magna de 1978 se ha quedado en un libro de buenos deseos que nadie cumple, se lamenta el firmante del Diccionario del Español Jurídico mientras anima a los partidos políticos a actualizarla con el realismo que exigen nuestros compromisos internacionales derivados de una soberanía muy condicionada dentro de la UE. Muñoz Machado considera que Europa es en todo caso nuestra mejor solución porque afuera hace mucho frío. Una situación tan compleja invita, en fin, a un gran pacto político para mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones y para que estas sean respetadas, sugiere rotundo este ilustre jurista.

-¿Es vieja o es nueva la Constitución española de 1978?

-Es una constitución vigente. Nuestra Constitución no es muy antigua. Hemos tenido otra que ha durado más, la de 1876, y es incomparablemente más joven que la norteamericana, de 1787, que es la más antigua de las vigentes.

-¿Le deben respeto las nuevas generaciones a la Constitución actual?

-Todas las constituciones tienen vigencia indefinida y combato en mi libro la idea de que cualquier mayoría que ostente el poder en un momento determinado pueda anular la Constitución o sustituirla por otra sin usar los procedimientos de reforma establecidos en la propia Constitución que se quiere cambiar.

-En 2013 usted obtuvo el Premio Nacional de Ensayo por su obra Informe sobre España: repensar el Estado o destruirlo. ¿Hemos avanzado algo desde entonces para tratar de resolver la grave crisis institucional que sufre España?

-Hemos avanzado poco porque se han hecho bastantes leyes pero de la ley a la práctica hay un trecho. Se combaten la corrupción y los abusos de los partidos políticos, pero necesitaríamos un nuevo pacto político para mejorar el funcionamiento de las instituciones y garantizar además su respeto.

-¿Ve a los españoles poco respetuosos con sus instituciones?

-Sí y solo hay que ver los acontecimientos que hemos vivido recientemente en el mundo deportivo. No parece que las normas de la Constitución vinculen y se quedan tan solo en hojas de papel sin carácter normativo. La Constitución es hoy un libro de buenos deseos.

-¿Por qué siempre queremos empezar de cero?

-Es propio del carácter de los españoles el no reconocer la obra de los coetáneos, pero tampoco los méritos de los antecesores y tendemos a reinventarlo todo pensando que lo que hicieron nuestros ancestros no vale. Eso es un error porque las constituciones reflejan el pacto social y político de un tiempo que sirve para ordenar la convivencia. Otra cosa son los ajustes que se puedan hacer en la Constitución para adaptarla a un tiempo determinado. La Constitución tiene que ser una herramienta viva.

-Usted califica de revolucionaria a la actual Constitución y considera que aparte de la efímera Constitución de la Segunda República no ha habido nada parecido en toda la historia constitucional de España. ¿Por qué?

-Es revolucionaria porque es equiparable a tantas otras constituciones que en Europa trataron de establecer el equilibrio de los poderes y la garantía de los derechos. No existía antes de 1978 un régimen democrático de separación de poderes ni garantías de las libertades y derechos individuales.

-¿Es la primera vez en nuestra historia que la voluntad popular soberana del pueblo ha conseguido aprobar un texto constitucional con una vigencia tan prolongada?

-Es la primera vez. La de 1876 duró más pero sobre la base de no aplicarla porque fue sometida a la conveniencia de los grupos políticos. Tampoco estaba fundada en la soberanía popular, sino, en la soberanía popular y en la del monarca. La Constitución de 1931 se hizo centrada en la soberanía popular pero como las de 1812 y 1869 no duró mucho.

-¿Por qué entonces hay tantas presiones y tantas prisas para cambiarla?

-Habría que definir primero si lo que se quiere es un cambio total o un cambio parcial de la Constitución. No creo que nadie sensato pueda pedir un cambio total de la Constitución de 1978 porque tres cuartas partes de su articulado siguen aún muy vigentes, saneadas y útiles. Quedan aspectos que se pueden mejorar, sobre todo, lo relacionado con la ordenación territorial del poder que es urgente revisar porque ahí tenemos la tensión del independentismo catalán. Hay problemas que no están resueltos y que hacen que la Constitución no se aplique.

-Hay un amplio abanico de demandas reformistas de la Constitución, ¿se lleva la palma la de la república catalana?

-La palma se la llevan los que pretenden el independentismo. La nueva república también, pero menos, porque es una forma de gobierno distinta a la monarquía, pero eso no implica el quebrantamiento de un país centenario.

-¿Tiene hoy cualquier pueblo derecho a decidir sobre su destino o hay que atenerse al espíritu de integridad territorial del Estado que viene del Tratado de Westfalia?

-No hay un derecho de autodeterminación de los pueblos que permita la secesión. Eso no está permitido por la Constitución ni por el Derecho internacional. Hay resoluciones de Naciones Unidas que sí se pueden aplicar a los pueblos colonizados o en situaciones de opresión de colectividades en estados no democráticos.

-El conflicto de la soberanía está resuelto según usted en la mayor parte de las democracias avanzadas del mundo, pero no en España. ¿Por qué es así?

-Porque en España sigue discutiéndose desde principios del siglo XX si existen además del Estado otras unidades políticas igualmente soberanas, especialmente por las reclamaciones de los nacionalismos catalán y vasco. Durante el siglo XIX se discutía si la soberanía era del pueblo o del rey y durante la segunda mitad del siglo XX el debate es si el soberano es únicamente el pueblo español o también los son los pueblos catalán y vasco.

-El caso es que la aversión al sistema autonómico está creciendo, quizá debido a la crisis y al aumento de las burocracias regionales. ¿Fue un error generalizar las autonomías?

-El balance del sistema de autonomías no es malo para España porque se ve que es un país que ha progresado y la proximidad del Gobierno a los ciudadanos ha mejorado. Quizá, lo que hubiera sido mejor es que, sin perjuicio de la generalización de las autonomías, se dejase más margen para recoger algunas especificidades para los territorios que reclaman formas de autogobierno diferenciadas.

-¿Qué cabe hacer hoy para resolver satisfactoriamente el problema territorial?

-Convenir y establecer las bases de un gran pacto político entre todas las fuerzas representativas y los representantes de las comunidades autónomas. De ese pacto tendrían que salir soluciones para las tensiones que se están produciendo. Tiene que haber un pacto para resolver la cuestión de Cataluña, reconocer sus especificidades en la medida que sea posible, para que los catalanes se sientan bien en España y ese pacto tiene que ser consentido y aceptado por el resto de las comunidades autónomas.

-¿Qué aporta la propuesta socialista de la España federal para resolver ese problema?

-Al principio, pensaba que querían cambiar radicalmente el modelo de Estado de las autonomías para constituir un federalismo de nueva planta basado en un pacto entre todos los territorios que componen España. Ahora veo que lo que proponen es incorporar instituciones y soluciones de los federalismos europeos para mejorar el funcionamiento de nuestro modelo autonómico. No me parece mal.

-¿Es usted partidario de hacer un referéndum en Cataluña sobre la independencia?

-No y no cabe en la Constitución.

-¿Por qué no se puede comparar Quebec con Cataluña?

- Porque Quebec es una provincia procedente de un modelo colonial incorporado a la federación canadiense a mediados del siglo XIX, porque Canadá tiene una Constitución que no se parece en nada a la nuestra y porque a nosotros no nos vinculan para nada las opiniones del Tribunal Constitucional de Canadá sobre la posibilidad de hacer o no un referéndum.

-¿Y qué me dice de Escocia?

-No tiene nada que ver con el modelo constitucional español. Escocia e Inglaterra se unieron en el Reino Unido en 1707 en base a un pacto parlamentario considerado como un tratado internacional denunciable. Además Inglaterra no tiene una Constitución escrita, así que el parlamento es soberano y si acuerda que un territorio se segregue está ejerciendo su poder soberano.

-Entiendo que usted no es partidario del reconocimiento de Cataluña como nación, pero defiende una reforma constitucional para crear un nuevo marco que le reconozca un régimen especial que tendría que ser aprobado en dos referéndums: el nuevo Estatut por los catalanes y la nueva Constitución, por los españoles. ¿Es así?

-Es más o menos así, pero no con tanta rotundidad. Creo en la validez del modelo estatutario y que no hay que cambiarlo tampoco para Cataluña. Ahora bien, algunas de las reformas que se propusieron en el Estatut de 2006 no caben en la Constitución, según dijo el Tribunal Constitucional en 2010. Pero esas reformas y algunas otras podrían incorporarse ahora a un reformado Estatut para que Cataluña se sienta más integrada en España. Al mismo tiempo, entonces, habría que reformar la Constitución para dar cabida a esos cambios rechazados por el Constitucional. Se reforma el Estatut y se hace un referéndum entre los catalanes sobre ese texto y se hace además un referéndum entre todos los españoles sobre la reforma de la Constitución.

-¿Ve esa fórmula asumible por los catalanes?

-Sí, porque ejercen su derecho a decidir pero sobre un texto. Es la única solución posible.

-¿Y por los españoles?

-Yo creo que sí. Los españoles son sensatos y solo necesitan explicaciones sensatas y razonadas.

-¿Qué propone usted para blindar las competencias exclusivas del Estado y evitar que se repitan las tensiones actuales de las autonomías con el poder central, surgidas del confuso contenido de la actual Constitución?

-Definirlas bien. El reparto de competencias en la Constitución es lo peor que se hizo en 1978. Es la parte más deficiente porque está mal hecha. El Estado debe tener en exclusiva las relaciones exteriores, la capacidad de respuesta militar, el dominio sobre el territorio, el poder tributario general y el poder punitivo penal.

-¿Cómo serían tratadas las demás autonomías, especialmente la vasca y la gallega?

-Parece que ambas autonomías están ahora contentas con lo que tienen.

-¿Son prescindibles las diputaciones provinciales?

-Depende, pero sobre todo no hay que tomar decisiones radicales. Creo que esa propuesta de suprimirlas es demasiado general e innecesaria. Ya decía en 1981 que las diputaciones tenían que ser la base del gobierno autonómico, pero esa idea fracasó. Ahora, hay comunidades autónomas donde no puede pensarse en la supresión de las diputaciones porque son instituciones con arraigo y funcionan bien, y hay otras regiones en las que no pasaría nada si se suprimiesen. Otra cosa es que se podrían reformar las diputaciones para aclarar su relación con los ayuntamientos y sus competencias. Las diputaciones cumplen una función de auxilio a los ayuntamientos de menor entidad.

-¿Habría que cerrar ayuntamientos?

-Lo mejor sería suprimir los de menos de 2.000 habitantes pero eso es imposible porque el sentimiento de los pueblos por tener un gobierno propio es muy intenso. Es más factible, un proceso de formación de unidades administrativas consensuadas del tipo de las mancomunidades.

-¿Cómo van a influir los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, a la hora de abordar la puesta al día de la Constitución?

-Dependerá de los resultados electorales que saquen. Ellos traen sangre e ideas nuevas y podrán tener peso en esa puesta al día dependiendo de lo que saquen en las urnas. Ya han demostrado su fuerza y hay que tenerlos en cuenta para cualquier proceso de reforma constitucional.

-¿Hasta qué punto ve segura la unidad de España?

-La unidad de España es un principio que hay que dar por consolidado e indiscutible. Se pone en cuestión ahora con el independentismo catalán, pero no le veo ningún futuro a ese independentismo, que si insistiera demasiado podría producir hasta una colisión violenta. No creo que nadie esté por llegar a eso. El independentismo está muy vinculado a la crisis económica. Existe en España desde hace años una crisis institucional larvada que se manifiesta más o menos dependiendo de la situación económica del país.

-¿Ve asegurada la monarquía como forma de Estado?

-Ahora nadie discute la seguridad de la monarquía que pasó una grave crisis durante los últimos años del reinado de Juan Carlos I, pero en España esta ha sido una cuestión latente y reaparecerá en el momento que baje la guardia.

-¿Cuál es en definitiva su propuesta para salir con éxito de este atolladero y conseguir una nueva Constitución duradera?

-Insisto en que no quiero una nueva Constitución, hablo de una reforma que por supuesto no será fácil. Las constituciones de nuestro tiempo son ya todas cosmopolitas y eso significa que el soberano ya no controla todos los poderes, ni el constituyente, porque ahora tenemos que tener en cuenta hasta normas internacionales que nos vienen, por ejemplo, de Naciones Unidas.

-¿Cómo tenemos que entender la soberanía y la Constitución dentro de la Unión Europea?

-Lo que se puede hacer de nuevo en una Constitución es poco si consideramos cuánto nos vincula en materia de Derecho y Económica la Unión Europea. Estamos dando muchas vueltas a una reforma en la que nuestra capacidad de decisión ha disminuido hasta extremos de hacerse ridícula. La UE nos condiciona mucho. Podemos irnos, pero fuera hace mucho frío. Europa es nuestra mejor solución.

-Dígame por favor cuál ha sido su descubrimiento más interesante en su convivencia con los académicos de la Lengua.

-Es un grupo de hombres muy singulares y me siento muy orgulloso de estar con ellos. Hay personalidades muy variadas de filólogos, gramáticos, escritores y especialistas, como yo, que dan a la RAE las particularidades del Derecho, la Economía, la Arquitectura o la Filosofía. Nos reunimos para debatir sobre palabras. No se puede imaginar lo divertidas que son las palabras. Cada jueves debatimos sobre un libro que se escribió hace 300 años.

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