Ciudadanos amenaza al PP: "No se pueden pasar otro día diciendo que no a todo"

Los miembros del Partido Popular se resisten a cifrar el coste de las medidas pactadas, rechazan la supresión de la diputaciones y la implantación de las primarias

25.08.2016 | 00:41
Juan Carlos Girauta, sentado a la mesa de negociación.

La negociación entre PP y Ciudadanos de cara a la investidura de Mariano Rajoy está "estancada" por la "falta de voluntad" de los populares para llegar a acuerdos. Tras una jornada que se preveía larga y en la que las conversaciones se acortaron de forma repentina, Juan Carlos Girauta, el portavoz parlamentario del partido de Albert Rivera, fue ayer muy claro: "No se pueden pasar otro día de negociación diciéndonos que no a todo".

La de Girauta fue una intervención que elevó el tono de los calificativos con los que Ciudadanos veían mostrando hasta entonces su insatisfacción por la marcha de las negociaciones. Mostró su "preocupación" e incluso "consternación" porque el PP "no tiene voluntad de tocar una coma del Senado, las Diputaciones y el Poder Judicial". Además, "no hay manera de concretar ni de comprometer cantidades". El portavoz de Ciudadanos en el Congreso fue taxativo al advertir a los populares de que "no se pueden pasar otro día de negociación diciendo no que no a todo".

"No hemos dicho no a nada, hemos hablado de tratar de buscar posiciones intermedias en las que podemos encontrarnos", replicó desde el PP el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Los populares llaman a la tranquilidad y se reafirman en su empeño en "acercar posturas y buscar el mayor nivel de acuerdo en todas las materias".

Ciudadanos exige que, al menos, cinco medidas pactadas en la negociación con el PP para apoyar la investidura se acompañen de una cuantificación económica y de plazos concretos para su entrada en vigor. Los populares se resisten a poner cifras a esos compromisos amparándose en la necesidad de contención presupuestaria y advierten a sus socios de que, una vez que entran en juego los números y los plazos, el pacto va más allá de la investidura y adquiere tono de acuerdo de Gobierno.

Las medidas en las que "encalla" la negociación, según el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, son de carácter social y, en conjunto, tendrían un coste de 6.300 millones de euros, según su propia estimación. Las dos propuestas de mayor cuantía son el Complemento Salarial Garantizado para los más de dos millones de hogares que no llegan a fin de mes (2.800 millones) y el plan contra la pobreza infantil. Dicho plan precisaría de 2.651 millones para aumentar la cuantía de la prestación anual media que recibe cada hogar hasta los 150 euros por hijo para las rentas inferiores a los 600 euros mensuales. A ello hay que sumar un programa de ayudas para cubrir gastos en escuelas infantiles de 0 a 3 años (278 millones de euros).

En otros niveles educativos se desarrollaría el plan para luchar contra el fracaso escolar, centrado en la contratación de profesores de apoyo para atender a unos 800.000 alumnos, lo que tendría un coste de 700 millones. La equiparación de los permisos de maternidad y paternidad -ocho semanas para cada uno de los progenitores más otras diez que podrán repartirse entre ambos- no tiene una cuantificación económica, pero Ciudadanos exige que se ponga en marcha en el plazo de uno o dos años.

Para el PP la prioridad es ajustarse a la estabilidad presupuestaria y cumplir los compromisos con Europa. Los populares rechazan la supresión de las diputaciones, como pretende Ciudadanos para financiar medidas del acuerdos sin alterar el equilibrio presupuestario. Según algunas estimaciones, suprimir los órganos provinciales ahorraría 1.200 millones, solo prescindiendo de sus órganos políticos, sin reducir los servicios que ahora prestan.

Las dos formaciones coinciden en extender el apartamiento de cargos públicos de los imputados en delitos a todos los niveles de representación y gobierno. Pero con matices sobre los plazos y la naturaleza de los delitos. El PP considera que la medida no tendrá vigencia sin investidura de Rajoy y Ciudadanos distingue ahora entre los delitos de corrupción y los tipificados como prevaricación administrativa. Los cargos públicos investigados por estos últimos podrían seguir en sus puestos, según la última revisión de la cláusula previa.

La implantación de primarias como proceso para la elección de candidatos es otra de las propuestas que el PP se resiste a aceptar. El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo llegó ayer a afirmar en réplica a las pretensiones de Ciudadanos que "en España, ningún partido tiene primarias".

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