El Congreso da un paso simbólico para acabar con la 'ley mordaza'

Antonio Trevín reclama al Gobierno "un incremento sustancial y sostenido" de las plantillas policiales

30.11.2016 | 01:07
Antonio Trevín.

El Pleno del Congreso instó ayer al Gobierno a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015, una de las más emblemáticas del mandato con mayoría absoluta del PP y conocida por sus detractores como ley mordaza. Todos los grupos, excepto los populares que votaron en contra y Ciudadanos que se abstuvo, respaldaron la propuesta del PSOE, defendida por el diputado Antonio Trevín, en la que se exige al Ejecutivo que proponga una nueva normativa "más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales" constitucionales.

La iniciativa aprobada tiene un estricto valor simbólico y sólo adquirirá trascedencia política si en el futuro se convierte en una proposición de ley.

El PP defendió la Ley de Seguridad Ciudadana como norma necesaria para encarar la amenaza del terrorismo yihadista. El diputado José Alberto Martín-Toledo rechazó que la normativa vulnere derechos ciudadanos porque "España no es Cuba ni Venezuela".

Ciudadanos, como ya hiciera en una propuesta similar el pasado 5 de abril, se inclinó por la abstención por ser favorable a reformar algunos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana pero no una derogación total de una norma que incluye 44 supuestos de sanciones administrativas.

Previamente al debate parlamentario, el PSOE anunció que no iba a aceptar enmiendas a su iniciativa original, con la pretensión de forzar a los demás grupos de la oposición a definirse en cada asunto. De esta forma, los socialistas consiguieron sacar adelante cuatro de las cinco medidas planteadas al Gobierno. Trevín solicitó un "compromiso inequívoco con la seguridad pública" con "incremento sustancial y sostenido" de las plantillas policiales. Aparte de la derogación de la ley mordaza, el PSOE consiguió el apoyo mayoritario de la cámara, con la única abstención de ERC, para reforzar la plantilla de trabajadores de Instituciones Penitenciarias. Estos refuerzos se centrarán especialmente en los centros que están sin funcionamiento por falta de efectivos, entre los que la propuesta cita el caso de la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de Asturias .

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