Referéndum independentista

La Fiscalía pide investigar a Artur Mas por el gasto del 9N

Remite al Tribunal de Cuentas un informe para que examine el gasto de más de cinco millones de euros

02.06.2017 | 18:52
El expresidente de Cataluña Artur Mas.

La Fiscalía ha presentado un informe al Tribunal de Cuentas en el que apoya la apertura de una investigación contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs para determinar su responsabilidad en el gasto de más de cinco millones de euros en las votaciones de la consulta del 9N.

Según informa la Fiscalía General del Estado, el Tribunal ha recibido un escrito de diversas entidades que solicitan la incoación de esa investigación por el uso de dinero público en el proceso de consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014.

Y el fiscal apoya la apertura de esa investigación para determinar si existe responsabilidad contable (independiente de la penal) y si procede la restitución de esos fondos públicos.

Por la consulta del 9N ya fueron condenados el expresident de la Generalitat Artur Mas y los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (los tres primeros) y por el Tribunal Supremo (el segundo) por desobedecer la suspensión del Constitucional.

Al margen de ese proceso, Sociedad Civil Catalana, Associació Civica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución impulsaron una acción ante el uso de fondos públicos (5.129.833 euros) para una consulta ciudadana "carente de cualquier cobertura constitucional y presupuestaria".

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, considera que los hechos pueden ser constitutivos de responsabilidad contable por tratarse de gastos destinados "a un fin radicalmente ajeno a la función pública, por tanto carentes de justificación".

Es decir, "numerosos pagos" con cargo al erario público cuyo fin era desarrollar un acto contrario al ordenamiento jurídico.

De acuerdo con las leyes que rigen el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el fiscal propone a la Comisión de Gobierno que designe un instructor que practique las diligencias oportunas para determinar si hay responsabilidad de esos ex altos cargos por alcance o malversación contable (un concepto independiente del acuñado en el ámbito penal).

La cuestión es que la ley del Tribunal de Cuentas determina que quien por acción u omisión contraria a la ley origine "el menoscabo de los caudales o efectos públicos, quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados".

La ley determina que es "alcance" el saldo deudor injustificado de una cuenta o la ausencia de justificación en las cuentas que deban rendir quienes tienen a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

Y que es "malversación" la sustracción de esos caudales o efectos públicos o el consentimiento de la misma o el uso de esos fondos "a usos propios o ajenos" por parte de quien los tenga a su cargo.

De acuerdo con el escrito de las entidades denunciantes, los pagos injustificados habrían sido 14.837,60 euros para la página web, 70.532,08 euros para la fabricación y transporte del material usado en la votación y 2.800.735,13 para la compra de ordenadores.

También contempla 828.171,42 euros para la campaña de publicidad institucional, 1.409,26 euros para pólizas aseguradoras para los voluntarios, 1.106.185,88 euros para labores de apoyo informático a la consulta y 307.962,71 euros para el envío de información.

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