El Ejecutivo ve una "estrategia de tensión" del soberanismo para "provocar" al Estado

Puigdemont avanza que convocará la consulta a comienzos de septiembre y acepta hablar en el Congreso, pero sin votación

13.06.2017 | 00:52

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó ayer a la Generalitat y a los partidos independentistas de valerse de una "estrategia de tensión" para "provocar" al Gobierno en busca de una "reacción" dura contra el proceso soberanista. Santamaría ve en esa estrategia de "confrontación" un intento de "movilizar" al electorado secesionista con vistas a unos próximos comicios autonómicos.

Los hitos más recientes de ese diseño son, a juicio de la "número dos" del Gobierno, el anuncio de la fecha y la pregunta de la consulta unilateral del 1-O y el multitudinario acto del domingo en Barcelona, donde se pidió ayuda del "exterior" para "hacer frente a los abusos de un Estado autoritario".

Santamaría piensa que la necesidad de "tensionar" procede de la caída del "apoyo social" a la independencia, así que "se busca provocar y una reacción por parte del Estado", que también permitiría recomponer la unidad independentista, rota por las "grandes" diferencias existentes entre ERC y el PDeCAT.

Y no sólo eso. En el diagnóstico de la Vicepresidenta no faltaron tampoco referencias al "hastío" de los catalanes con la "matraca del independentismo que no llega a ningún lado". De donde saltó para advertir que el dinero que gaste el Ejecutivo catalán en los preparativos de la consulta unilateral que pretende convocar "no va a salir de los impuestos de los catalanes".

El Gobierno central, resumió, responderá "sin una palabra más alta que otra", pero sin "permitir que ese referéndum se celebre".

Por otro lado, Soraya Sáenz de Santamaría arremetió contra Carles Puigdemont por avenirse ahora a presentar sus planes en el Congreso ("antes del verano", dijo) y acceder a que se debatan, pero sin que haya votación. "Con lo que le gusta al señor Puigdemont que vote todo el mundo, nos quiere prohibir que votemos en el Congreso", ironizó. La Cámara, le recordó, "no es un salón de actos para dar una conferencia".

Entre tanto, en Barcelona, el presidente de la Generalitat anunció que "antes de que finalice junio o la primera semana de julio" se iniciará una campaña para explicar la ley de transitoriedad jurídica, la norma que el Parlament quiere aprobar de forma exprés en agosto para romper en términos jurídicos con el Estado.

La convocatoria del referéndum sería a "principios de septiembre" y llevará como mínimo la firma del presidente de la Generalitat, aunque sería "una buena señal" que la firmaran todos los consejeros, pues esto "no es un proyecto de ninguna persona" en concreto, añadió Carles Puigdemont sobre la consulta por la independencia.

Esta semana enviará una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para proponerle comparecer en la Cámara para dar razón de la consulta del 1-O. Pero puntualizó que sin someterlo a votación. Y lo explicó: las Cortes han tumbado planteamientos catalanes, pero "la propuesta española para Cataluña no se ha votado nunca". "¿Será que no tienen propuesta?", ironizó.

Después cargó contra Santamaría, que "no se entera de nada", se quejó. "¿A qué se ha dedicado esta señora? ¿Cómo es capaz de decir tantas inexactitudes y tergiversaciones en tan poco rato alguien que tiene encomendada la misión de interesarse por lo que pasa en Cataluña?".

De otro lado, la corriente Anticapitalistas de Podemos, de la que forman parte dirigentes como el eurodiputado Miguel Urbán y el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, se desmarcó de la línea oficial del partido y llamó a sus militantes a apoyar la consulta "desobediente" en Cataluña, que "contribuiría sin duda a acelerar el proceso destituyente en el resto del Estado español" y a "profundizar la democracia y debilitar al régimen del 78".

En cambio, el coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, contrario a la vía unilateral, consideró que la "primera solución" para la situación que vive Cataluña pasa por "echar al Partido Popular" de un Gobierno que ha "fracasado" al judicializar el proceso soberanista.

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