Sáenz de Santamaría asegura una respuesta ante el desafío catalán

Los juristas consideran que la ley de transitoriedad dibuja un estado autoritario

31.08.2017 | 00:32
Soraya Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el Ejecutivo central actuará de forma inmediata en cuanto se tramite la ley del referéndum o la de transitoriedad en Cataluña, considerando además que esta última es un producto "aberrante".

En declaraciones a periodistas en el Congreso, Sáenz de Santamaría explicó que el Gobierno ya tiene "preparadas y previstas" las actuaciones contra ambas leyes, que se han venido anunciando desde hace tiempo. De esta forma, la vicepresidenta del Gobierno afirmó que el Ejecutivo lleva semanas preparado para responder ante cualquier tipo de tramitación de las conocidas como "leyes de desconexión" presentadas ya por Junts pel Sí y la CUP.

Sobre la ley de transitoriedad, la vicepresidenta afirmó que se trata de un producto "propio de otras latitudes". "Que en España, con una democracia consolidada, alguien pretenda constituir una autocracia en la que el presidente de la Generalitat mande sobre todo el Parlamento, los jueces y todo el mundo; que dinamite la división de poderes y la mínima responsabilidad política, me parece que es un producto sencillamente aberrante", aseveró Soraya Sáenz de Santamaría, que añadió que el hecho de que semejante texto se registre en un parlamento le resulta "bochornoso" y propio de quienes han perdido "toda vergüenza democrática".

La vicepresidenta también recordó que el trámite de lectura única que podría emplearse para estas leyes se encuentra suspendido por Tribunal Constitucional, e insistió en que el referéndum sobre la independencia de Cataluña no se celebrará.

El colectivo de juristas Llibertats, por su parte, denunció ayer la "incompatibilidad absoluta" de esta ley de transitoriedad con los principios "básicos" que rigen un Estado de Derecho. En un comunicado, el colectivo destacó el carácter "más propagandístico que jurídico" de un texto que plantea un modelo de Estado "de corte autoritario, populista y asambleario" cuyos preceptos no sólo son de "imposible eficacia jurídica", sino que se sitúan "fuera de la legalidad española, europea e internacional".

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