El independentismo consuma su golpe a la legalidad

La fuerza de los hechos, contra el Derecho

El parlamento catalán se salta la legalidad en el fondo y la forma y culmina "un acto de insurgencia constitucional", opinan los juristas

07.09.2017 | 01:02
La fuerza de los hechos, contra el Derecho

Podría haber alguna duda sobre si procede llamarlo golpe de Estado, ninguna respecto a la vulneración de derechos y al esperpento del "golpe de fuerza" que "a la trágala, deprisa y corriendo" y "sin garantías" urdió ayer el parlamento catalán por el procedimiento de urgencia.

La tramitación exprés de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica supone "un acto de insurgencia constitucional" en la voz de expertos constitucionalistas persuadidos de que el fondo y la forma se saltan la legalidad y cocinan un panorama desalentador de difícil pronóstico.

El problema es el diálogo de sordos que convierte en "encontronazo" el encuentro de dos partes que "hablan dos idiomas distintos".

Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional, asiste perplejo al entendimiento imposible entre "unos que hablan de legalidad y otros de legitimidad, ignorando éstos (los independentistas) que en democracia la única legitimidad es la que nace de las leyes".

Independientemente de que ayer en el parlamento catalán se haya dado "más tiempo para comer que para presentar enmiendas", o de que para más inri se haya hecho en el trámite de una ley que "desde el punto de vista de los independentistas es constituyente", lo peor es el fondo.

Hay ahí, sigue Francisco Bastida, un traspasar fronteras que constituye una suerte de "yihadismo independentista sin recurrir a la violencia. Un fanatismo, una huida hacia delante sin vuelta atrás".

En cuestión de precipitación ayuda poco, a su juicio, el ejemplo de la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución despachada "de manera casi clandestina" en el Congreso

Pero en todo caso se atisba en Cataluña, oteando el horizonte, el escenario de la persecución penal del delito de desobediencia y la impugnación del texto aprobado ayer.

Lo sucedido en la Cámara es difícilmente defendible, le acompaña su colega Miguel Presno, incluso esforzándose en mirarlo desde la posición de los adeptos a la independencia.

Ellos suponen que "esta es una ley de especial relevancia", culmen de un proceso pretendidamente democrático en el que sin embargo "se laminan los derechos de los diputados y se impide la función deliberativa del parlamento".

Parece que sólo importa el acelerón porque se acerca el 1 de octubre, apunta; sorprende que quiera apuntalar el referéndum con un "arsenal legislativo" en el que se presupone que ganará el sí cuando "democráticamente, se debe contemplar la posibilidad de que pueda ocurrir lo contrario".

Ramón Punset, catedrático de Constitucional, corrige el término "golpe de Estado" para retratar a quienes "lo que quieren es marcharse del Estado".

En su versión, sería más bien "un proceso secesionista puro, el inicio de un acto de secesión que además no reúne las mínimas garantías que cualquier estado civilizado exige para tomar una decisión tan grave".

Habla de "un golpe de fuerza", de "una conducta de hecho y no de derecho" con consecuencias imprevisibles. Su certeza de que ahora cabe el recurso a la vía penal contra la Mesa se acompaña con la mirada expectante hacia la actitud del Gobierno, toda vez que "cuando se suspenda la ley de referéndum, ninguna autoridad podrá aplicarla, incluidos los Mossos. A partir de ahí", sigue, "se puede ordenar el auxilio de la jurisdicción penal o del Gobierno para que ordene a los Mossos la retirada de las urnas".

Queda por ver si lo hará. Mientras tanto, el también experto Ignacio Villaverde opina que "ha hecho lo que debía" frente a la flagrante "desobediencia" y añade varias hipótesis al plan de futuro. El Constitucional debe decidir por cuál de las alternativas que le plantea la ley debe optar, opina. Además de suspender a los miembros de la Mesa, interpreta que la legislación le faculta incluso para "suspender en sus funciones a todos los diputados", disolver el parlamento e inducir unas elecciones anticipadas.

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