El desafío soberanista

El TC suspende el referéndum y notifica a mil alcaldes y altos cargos su deber de paralizarlo

La Fiscalía se querella contra Carles Puigdemont, su Govern y la Mesa del Parlament - Ordena que la policía judicial corte cualquier acto encaminado a permitir la votación el próximo 1 de octubre

08.09.2017 | 02:10
El portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, aplaudido por los diputados del PSC, Ciudadanos y PP, ayer en el Parlament.

El Tribunal Constitucional (TC) suspendió ayer el referéndum de independencia convocado el pasado miércoles por la noche por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su Govern. La suspensión se deriva de la admisión a trámite de una batería de cuatro recursos presentados por el Gobierno y dirigidos contra la ley de Referéndum, la convocatoria de la votación para el 1 de octubre, las normas complementarias para organizarla y el acuerdo por el que el Parlament nombra una Sindicatura Electoral (equivalente a la Junta Electoral Central).

Junto a los recursos remitidos por el Gobierno, el TC atendió la petición de que se notifique la admisión de los mismos a un millar de personas, con la advertencia de que la admisión conlleva suspensión en espera de sentencia.

La notificación se hará a los 947 alcaldes de Cataluña, a los altos cargos del Govern vinculados a la convocatoria del referéndum -entre ellos los dirigentes de Interior y de la gestión económica- y a los responsables de la Corporación catalana de medios, que agrupa a TV3 y la radio pública catalana. Uno de los notificados será el comandante jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

El tribunal se reunió con carácter de urgencia tras haber admitido por la mañana la tramitación del incidente de ejecución contra las resoluciones parlamentarias que permitieron el miércoles el debate y aprobación de la ley de Referéndum. Por la tarde, también tenían sobre la mesa un segundo incidente de ejecución, éste último presentado contra la admisión a trámite en el Parlament de la ley de Transitoriedad y contra todos los actos que de ella se deriven.

Otro de los acuerdos adoptados por la mañana por el TC fue el rechazo por unanimidad de la recusación de sus doce magistrados solicitada por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al considerarla "impertinente y abusiva". Forcadell, en una maniobra defensiva, presentó la recusación poco antes de comenzar la reunión de la Mesa del Parlament en la que se decidió la admisión a trámite de la ley de Referéndum.

Los magistrados -que, al no haber instancia superior, resolvieron la cuestión pese a afectarles a ellos mismos- señalaron en un auto que la recusación fue "genéricamente formulada" que aunque se refiere al conjunto de los miembros del TC, en realidad, "va dirigida al órgano mismo y no a sus integrantes".

En paralelo a los jueces del Constitucional, la Fiscalía General del Estado movió sus propias fichas. El fiscal, José Manuel Maza, anunció a primera hora de la mañana la presentación de una querella contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de los miembros del Govern por firmar el decreto de convocatoria del referéndum. Esta querella se suma a la ya anunciada el miércoles por la Fiscalía de Cataluña contra los miembros de la Mesa del Parlament por admitir a trámite la ley de Referéndum. También se les acusará de haber admitido ayer el trámite de la ley de Transitoriedad.

Se tratará de la primera querella de la Fiscalía contra Puigdemont y también será la primera para buena parte de los miembros del Ejecutivo catalán. La consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, ya tiene una por la licitación de la compra de urnas. En cambio, será la segunda para los representantes de Junts pel Si en la Mesa y la tercera contra Forcadell.

Maza también ordenó a las fiscalías catalanas que, con auxilio de los cuerpos de seguridad, investiguen las actuaciones dirigidas a la celebración del referéndum en Cataluña por ser constitutivas, "al menos", de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. El fiscal general adelantó que dará "las órdenes oportunas" para que la policía judicial "intervenga los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal".

Mossos y Guardia Civil son los cuerpos que, en Cataluña, cumplen funciones de policía judicial, lo que permite suponer que serán los agentes de la policía autonómica quienes, por orden del poder judicial, lleven el peso de las acciones encaminadas a impedir la votación.

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