Cuenta atrás hacia el 1 de octubre

La Fiscalía catalana ordena a los Mossos "requisar urnas" e impedir la consulta

Alcaldes del PSC en 350 ayuntamientos denuncian "presiones y amenazas" para que apoyen la cita - El Govern dice que Barcelona votará en locales autonómicos

13.09.2017 | 02:43
Trapero, ayer, a su llegada a la Fiscalía Superior de Cataluña.

La Fiscalía Superior de Cataluña citó ayer a los responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad para hacerles llegar, cara a cara, las directrices de actuación con vistas a la consulta del 1-O, suspendida por el Tribunal Constitucional (TC). Y ordenó a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional que "requisen urnas" y cualquier tipo de material relacionado con la convocatoria, además de denunciar toda actividad encaminada a organizarlo.

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, así como Ángel Gozalo (Guardia Civil) y Sebastián Trapote (Policía Nacional), recibieron la orden del ministerio público de tomar "las medidas necesarias" a fin de intervenir los "efectos e instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal", pues "queda fuera de toda duda la ilegalidad" de cualquier acción que se lleve a cabo para hacerlo realidad.

Así las cosas, los cuerpos y fuerzas de seguridad deben requisar "urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal".

El Gobierno de Puigdemont reaccionó a la orden dada por la Fiscalía arguyendo que la "prioridad absoluta" de los Mossos -que, como cuerpo integral, es también policía judicial y debe obedecer las órdenes de los jueces- es "perseguir terroristas y evitar atentados", no retirar urnas. Sobre todo, precisó el portavoz del Govern, Jordi Turull, cuando el nivel de alerta antiterrorista es de "4 sobre 5".

El propio presidente catalán se había anticipado a su portavoz al pedir varias horas antes que se dejara "tranquilos" a los agentes de la Policía autonómica, cuya "prioridad" no es "retirar urnas" sino "velar por la seguridad de la gente". Puigdemont aventuró que si los Mossos reciben una orden judicial para retirar urnas , "harán lo que deban hacer", que es "defender los derechos de la gente y velar por la seguridad de las personas", y "no se desviarán de este objetivo", informa Efe.

Desde Madrid, la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, acusó al Gobierno del PP de poner en riesgo a los Mossos al colocarles en la tesitura de cumplir las resoluciones del TC y las ordenes judiciales, con lo que seguirá aumentando, vaticinó, la "escalada de tensión" y la crisis en Cataluña. "No se puede poner a los funcionarios públicos en esa tesitura" por la "incompetencia" de no haber logrado un acuerdo que permita a los catalanes pronunciarse en un "referéndum con garantías", criticó Montero.

Todo lo contrario, alcaldes y concejales del PSC en más de 350 ayuntamientos catalanes hicieron público un manifiesto denunciando las presiones a las que se les somete para que accedan a facilitar la votación. Dicen que no quieren "callarse ni esconderse" frente a las "presiones, amenazas e insultos" que reciben a causa de su posicionamiento "hacia el referéndum ilegal del 1-O". Los ediles socialistas acusan a los independentistas de optar por un "camino extremista al que pretenden arrastrar a todo el país" y de "traspasar a los ayuntamientos gran parte de los preparativos del 1-O y culpabilizar hipócritamente a aquellos ayuntamientos que han decidido cumplir la ley".

Entre otros consistorios catalanes, el PSC gobierna los de L'Hospitalet de Llobregat (la segunda ciudad de la comunidad), las capitales provinciales de Lleida y Tarragona y en Terrassa.

Precisamente el regidor de esta última localidad, Jordi Ballart, anunció un "pacto" con la Generalitat para que se vote en locales de titularidad autonómica. Ballart gobierna en coalición con el PDeCAT, la misma combinación que se da en Esplugues de Llobregat (Barcelona), donde, sin embargo, el acuerdo no fructificó y los neoconvergentes rompieron su pacto de gobierno con los socialistas.

En Barcelona capital, mientras tanto, se abre paso un arreglo similar, y en todo caso el líder del PSOE, Pedro Sánchez, es partidario de que el PSC mantenga su pacto con Colau, aunque ésta terminara apoyando la consulta. En cambio, el líder del PSC, Miquel Iceta, es partidario de romperlo.

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