Cuenta atrás hacia el 1-O

Cataluña se salta el control de Hacienda y deja la rendición de sus gastos cada semana

La Generalitat envía notificaciones a los miembros de las mesas - Correos no tramitará correspondencia vinculada al referéndum

15.09.2017 | 03:05

El Gobierno catalán comunicó ayer al Ministerio de Hacienda que dejará de remitir cada semana el informe de sus gastos, impuesto por la administración como condición para realizar nuevas transferencias de fondos y con el que trataba de evitar el desvío de fondos para la organización del referéndum del 1 de octubre.

La Generalitat comenzará a enviar las notificaciones a los 55.000 miembros de las mesas de la consulta, ya seleccionados mediante sorteo, mientras que Correos ha dado instrucciones a su personal para que nos se tramite correspondencia relacionada con la consulta.

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, remitió ayer una carta al ministerio de Hacienda en la que notifica que su departamento dejará de enviar informes semanales sobre sus gastos y sólo hará con periodicidad mensual. En la práctica esta decisión supone no dará ninguna información más hasta pasado el 1 de octubre. Con ello queda invalidada la pretensión de Hacienda de vigilar a través de esos informes que no se produzca ningún desvío de dinero con destino al referéndum.

Oriol Junqueras justifica su decisión aduciendo que los informes de gasto son una forma de "control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia". La rendición de cuentas fue la condición impuesta por el Ministerio de Montoro para mantener los traspasos de fondos a la administración catalana.

El Consejo de Ministros decidirá hoy sobre el incumplimiento aunque el vicepresidente Junqueras aseguraba ayer que la Generalitat dispone de liquidez suficiente para atender sus compromisos aunque cesen las transferencias estatales. Hacienda podría asumir, entre otras medidas, de forma directa la gestión del gasto social de la administración catalana. La Generalitat comenzó a notificar a los 55.000 miembros de las mesas de la consulta que han sido seleccionados mediante sorteo para desarrollar su cometido el primer domingo de octubre. Ante la advertencia del Gobierno de Rajoy de que no deben acudir por tratarse de una consulta ilegal y en la eventualidad de que muchos de los convocados no estén en su puesto, el Govern cuenta con disponer unos 20.000 voluntarios para asumir funciones en el proceso de votación.

El reparto de las notificaciones puede verse dificultado por la directriz de Correos a sus empleados de que se abstengan "de realizar la admisión de envíos o llevar a cabo cualquier acto" que pudieran estar relacionados con la consulta del 1-O.

Los lugares de votación son ahora una de las prioridades del Ejecutivo de Puigdemont. Ante la negativa de los responsables de algunos de los grandes municipios a habilitar espacios para el referéndum, el Govern presiona a los alcaldes para que atiendan a sus requerimientos.

Barcelona era hasta ayer la gran incógnita por el anuncio de su alcaldesa, Ada Colau, de que no cometerá ninguna ilegalidad pero quiere garantizar que los vecinos puedan votar. Colau avanzó ayer un acuerdo con la Generalitat para conciliar ambas posiciones pero no concretó los detalles de una solución, que podría pasar por la utilización de los locales que el Govern tiene cedidos a la administración local.

El anuncio de la alcaldesa llegó después de que se conociera un informe del secretario general del Ayuntamiento en el que subraya que la puesta a disposición de la Generalitat de los locales que se utilizan habitualmente como centros de votación supondría incumplir un mandato "expreso, claro y taxativo" del Tribunal Constitucional, lo que derivaría en "eventuales responsabilidades, incluida la penal". El PSC amenaza a Colau con romper su pacto de gobierno en Barcelona si incurre en alguna ilegalidad.

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