Desafío soberanista

La Fiscalía denuncia como delito de sedición los disturbios en Cataluña

Señala a los presidentes de ANC y Omnium Cultural como instigadores de los altercados en Barcelona

23.09.2017 | 01:28
La Fiscalía denuncia como delito de sedición los disturbios en Cataluña

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una denuncia por sedición por los disturbios ocurridos en Cataluña durante la operación policial para evitar la celebración del referéndum del 1-O, en la que menciona expresamente a los presidentes de la ANC y Ómnium.

En su denuncia, que suscribe el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, se detallan todos los altercados ocurridos entre el 20 y el 21 de septiembre y pide a la Guardia Civil que elabore un atestado para buscar a los autores.

A raíz de la puesta en marcha el miércoles de la llamada operación Anubis, en la que fueron detenidas 14 personas relacionadas con los preparativos del referéndum, miles de independentistas salieron a la calle para entorpecer la labor policial. La comitiva judicial y los miembros de la Guardia Civil, que habían entrado hacia las ocho de la mañana en la Consejería de Economía, abandonaron el edificio pasadas las 7 horas del día siguiente.

Algunos manifestantes rodearon el cordón de seguridad de la Guardia Civil. Vídeo: AGENCIA ATLAS Foto: EFE

Tras algunas cargas y empujones, la policía autonómica logró crear un cordón de seguridad en un pequeño tramo de la acera que hay ante la sede de las dependencias de la conselleria y el lateral de la Rambla de Catalunya, donde se encontraban aparcados tres vehículos de la Guardia Civil.

Los tres coches de la Guardia Civil sufrieron numerosos desperfectos y quedaron abollados, con las ruedas pinchadas, los cristales rotos y con numerosas pegatinas y pintadas, y tuvieron que ser retirados de la calle con el uso de grúas.

Aunque la denuncia por sedición presentada por la Fiscalía no va dirigida contra ninguna persona en concreto, en ella se apunta a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a su presidente, Jordi Sánchez, como responsable de organizar un turno de relevo de voluntarios "conscientes de que dificultarían la intervención policial", haciendo un cordón frente a la Consejería de Economía durante el registro de la Guardia Civil. Menciona que Sánchez pidió ante 40.000 personas que nadie se fuera a casa.

Al presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, también le cita y le sitúa subido, junto a Sánchez, encima de un coche de la Guardia Civil pidiendo mantener la protesta, si bien, precisa la denuncia, que luego, al ver que no podía controlar la concentración, pidió a los manifestantes que se disolvieran

"La finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales", sostiene Carballo.

Miles de personas salieron a la calle en Barcelona para protestar por la operación de la Guardia Civil. Vídeo: AGENCIA ATLAS Foto: EFE

Según la Fiscalía, se han impulsado "movilizaciones generalizadas o movimientos populares para imponer el referéndum independentista inconstitucional por la fuerza de la intimidación, haciendo saber al Estado su intención y capacidad para actuar, incluso violentamente, ante una eventual oposición".

Señala el fiscal que la presión de los concentrados frente a la Consejería de Economía se llegó a traducir incluso en agresiones físicas a Mossos d'Esquadra y agentes de la Guardia Civil -algunos de los cuáles no pudieron salir del edificio hasta 24 horas después- y cuyos coches, subraya, acabaron abollados, con las ruedas pinchadas y repletos de pegatinas y pintadas a favor del referéndum.

Por ello, la Fiscalía considera que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de sedición tipificado en el artículo 544 del Código Penal y castigado con penas de entre los 8 y 10 años de cárcel para los que la hubieran inducido, sostenido o dirigido, y de 15 si son autoridades públicas las que lo han promovido.

La denuncia, que ha recaído en el juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Ismael Moreno, describe que los incidentes fueron protagonizados por "una turba" e interpreta "la sedición", "forma colectiva y tumultuaria de alzamiento", como una "rebelión en pequeño".

    El fiscal relata los episodios desde que la Guardia Civil se personó a primera hora de la mañana en la Consejería para proceder al registro ordenado por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O.

    Horas después, señala, un grupo de voluntarios de la ANC, que incluso "repartían bebida y comida a los concentrados", hizo "un cordón ante la puerta para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos", entre los que se encontraban los dos más estrechos colaborares del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras.

    Entretanto, apunta, la sede del PSC en Barcelona fue "igualmente atacada por los manifestantes, llegando incluso a producirse agresiones a militantes socialistas".

    La denuncia de la Fiscalía prosigue que, una vez finalizados los registros a las 22.00 horas, los manifestantes seguían asediando el edificio y, dos horas después, dos agentes trataron de salir por el Cinema Coliseun, "pero los manifestantes se congregaron en las puertas del teatro e impidieron" su salida.

    "Ante la situación de extrema tensión", afirma el fiscal, el juez de Barcelona llamó al jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, para que activase el dispositivo de seguridad que permitiese la salida de la comisión judicial. "La letrada de la administración de Justicia -añade- tuvo que salir ya de madrugada a través de la azotea, al impedir los manifestantes su salida por la puerta".

    Sobre la 1.34 horas, relata la denuncia, "se produjeron momentos de tensión" y los Mossos tuvieron que "cargar" contra los manifestantes para permitir salir a los agentes, ya que "centenares de personas continuaban concentradas lanzando objetos contundentes".

    Cinco guardia civiles salieron a las tres de la madrugada "vestidos de paisano" y escoltados por los mossos, mientras que el resto no lo hizo hasta la siete de la mañana.

    Además de a estos altercados, la denuncia hace también referencia a otros disturbios, entre ellos en la sede de la CUP, donde se concentraron, apunta, más de 2.000 personas para impedir el acceso a la Policía y en la que los agentes tuvieron que disparar al aire para evitar el ataque inminente a un furgón policial".

    La hostilidad, agrega el fiscal, se extendió a todos los registros realizados esos días por la Guardia Civil, entre ellos el de la imprenta Bigues I Riells, donde se encontraron casi 10.000 papeletas, así como en el del domicilio del jefe de gabinete de Goberanción de Cataluña, Joan Ignasi Sánchez.


Según el artículo 544 del Código Penal, "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

Penas de 8 y 10 años de cárcel


En estas conductas encajarían los disturbios que protagonizan desde el miércoles miles de independentistas para sabotear la operación policial ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona contra la organización del referéndum del 1-O.

Las penas por el delito de sedición oscilan entre los 8 y 10 años de cárcel para los que hubieran inducido, sostenido o dirigido la sedición y de 10 a 15 si son autoridades públicas las que lo han promovido.

Ante la gravedad de los hechos la Fiscalía ha presentado hoy mismo una denuncia por sedición firmada por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, según las citadas fuentes.

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