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El juez investiga si el Gobierno catalán destinó 6,2 millones al referéndum

Quedan en libertad ocho de los catorce detenidos por su relación con la organización de la consulta soberanista

22.09.2017 | 01:57

El juez que ordenó la detención de altos cargos de la Generalitat por los preparativos del referéndum investiga si el Govern destinó a la organización del 1-O partidas presupuestarias por un total de 6,2 millones de euros. Ocho de los catorce detenidos en la operación policial quedaron ya en libertad. A las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña llegaron a concentrarse ayer hasta 20.000 personas, según estimación de la Guardia Urbana de Barcelona, en defensa de la puesta en libertad de los arrestados. Las concentraciones se mantendrán, según los convocantes, hasta que queden libres todos los detenidos.

En un auto de entrada y registro de la operación lanzada contra los organizadores de la consulta, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, encarga a los guardias civiles que intervengan cualquier indicio sobre "actuaciones encaminadas al desarrollo de las estructuras de Estado e independencia de Cataluña".

El juez busca documentación relacionada con las tres partidas presupuestarias, de 5 millones, 407.450 y 800.000 euros, que fueron aprobadas por el Ejecutivo catalán para la celebración del referéndum y suspendidas por el Constitucional en junio, después de que el Gobierno las impugnara.

En su auto, el juez ordena buscar especialmente los documentos que puedan estar relacionados con "la contratación con entidades públicas o privadas" para la "planificación, diseño, construcción y puesta en funcionamiento de estructuras de Estado".

Ramírez Sunyer justifica la operación policial del miércoles pasado por la importancia de "localizar y asegurar documentación y efectos" y obtener información de interés para la causa, y evitar la "posible destrucción de pruebas", así como la ocultación de "fondos procedentes de la actividad presuntamente delictiva" o de "información que vincule a otras personas con la trama". Además de la información almacenada en los dispositivos informáticos, el juez ordenó a los guardias civiles intervenir "cualquier dispositivo de comunicación o electrónico" que tuvieran consigo los detenidos y realizar un volcado del contenido de los aparatos, de ser técnicamente posible.

De los catorce detenidos, diez de ellos altos cargo de la Generalitat, ocho quedaron ayer libertad, todos de ellos pendientes de comparecer ante el juez. El secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, es uno de los detenidos que ayer afrontaba su segunda noche en el calabozo antes de pasar hoy a disposición judicial. La Guardia Civil imputa a Jové los delitos de malversación, desobediencia, sedición y prevaricación.

Una de las personas que ayer quedó en libertad es el empresario Pau Furriol, propietario de la nave industrial en la que los agentes se incautaron de entre seis y nueve millones de papeletas para votar el 1-O. El empresario, que se negó a declarar ante la Guardia Civil, quedó en libertad con cargos, acusado de los delitos de malversación, desobediencia y sedición.

Entre las 20.000 personas que, según la Guardia Urbana, se concentraban ayer ante el Tribunal Superior de Cataluña, figuraban numerosos cargos del PDeCAT, ERC, la CUP, Podem y los comunes de Ada Colau. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, una de las personalidades soberanistas que intervino ante los congregados llamó a "no parar" hasta conseguir la libertad de los detenidos, a los que calificó de "héroes".

La intención de los convocantes era permanecer concentrados frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hasta que todos los detenidos por estar vinculados con la organización de la consulta soberanista queden finalmente en libertad. El objetivo es realizar protestas diarias hasta que todos queden libres.

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