Ópera de Palma

Las acusaciones piden que Matas devuelva los 1,2 millones que pagó a Calatrava

Se enfrenta a una pena de 15 meses de cárcel por las irregularidades en la contratación de la ópera de Palma

27.09.2017 | 13:52
Jaume Matas se enfrenta a 15 meses de prisión.

La Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad de Baleares han ampliado hoy su petición inicial de responsabilidad civil para el expresidente Jaume Matas y han solicitado que sea condenado al pago en concepto de responsabilidad civil de los 1,2 millones que el Govern pagó al arquitecto Santiago Calatrava.

Así lo han expresado la fiscal y la letrada de la acusación particular al término del segundo día de juicio en la Audiencia de Palma contra Matas por presunta prevaricación y tráfico de influencias en el contrato adjudicado sin concurso al arquitecto valenciano para que diseñara una reforma del Muelle Viejo de Palma que incluía un palacio de la ópera.

La defensa de Matas ha reclamado la libre absolución del exministro de Medio Ambiente por entender que desconocía las presuntas irregularidades que pudieron haberse cometido en el proceso de contratación.

El juicio, en el que Matas se enfrenta a una petición de pena de 15 meses de prisión, además de una multa de 211.827 euros y la citada sanción por responsabilidad civil, concluirá mañana con la presentación de los informes de acusaciones y defensa.

La vista se ha iniciado hoy con la declaración como testigo de Calatrava, quien ha asegurado que estaría "encantado" de presentar ahora a "los mallorquines" el proyecto de reordenación del Muelle Viejo y construcción de un palacio de la ópera que le encargó Matas para que apreciaran "la bondad" de una idea que cree vigente.

El arquitecto valenciano ha señalado que, en contra de lo que argumentó el exministro para justificar el encargo directo, su despacho ha competido en muchos concursos para el diseño y ejecución de proyectos en todo el mundo.

Calatrava ha relatado que se reunió con Matas en marzo de 2006 en Roma, por intercesión del editor Pedro Serra, y que allí el presidente autonómico le expuso una idea en la que empezó a trabajar de inmediato, que fue desarrollando desde entonces y tenía acabada cuando firmó el contrato, cinco días antes de una presentación pública que fue suspendida por la Junta Electoral.

Ha explicado que cuando se puso a trabajar en el proyecto, un "masterplan" destinado a cambiar la primera línea de costa del centro histórico de Palma para desplazar el tráfico marítimo de mercancías al otro extremo del puerto y crear un gran espacio para negocios de ocio coronado con un teatro de la ópera, estaba seguro de tener un encargo en firme, porque Matas "representaba la autoridad".

Calatrava se ha desvinculado de unas negociaciones sobre el precio y los plazos de entrega en las que no intervino personalmente y ha insistido en resaltar la bondad de su proyecto, que se materializó en la entrega de dos maquetas, un vídeo y bocetos al Govern balear.

Ha defendido la cláusula del contrato según la cual él es el titular de la propiedad intelectual del anteproyecto que elaboró para el Govern, que por ello no podría ejecutar otro arquitecto con su diseño, aunque sí con las premisas generales que él recogió en el plan por el que le pagaron 1,2 millones de euros.

El arquitecto valenciano ha justificado que, pese a haber cobrado por ella, reclamara al Govern la devolución de una de las maquetas, puesto que lo hizo para evitar que se perdiera y acabara destruida, dado el valor artístico que relevantes museos internacionales dan a su trabajo, ha explicado.

Otros testigos y peritos que han declarado posteriormente han confirmado que el expediente de contratación se tramitó con "premura" por exigencia del exconseller de Educación Francesc Fiol, quien, según entendían sus subordinados, seguía la orden de Matas de contratar a Calatrava.

El entonces gerente del Ibisec, la empresa pública que gestionó el encargo, Andreu Obrador, ha admitido que todo el expediente fue un formalismo, puesto que el contrato "estaba pactado", y ha confirmado que el material para la presentación pública del proyecto no se remitió al organismo contratante, sino a la Presidencia del Govern.

Un funcionario de la Agencia Tributaria ha asegurado que la contratación estuvo plagada de irregularidades y que, al renunciar el Govern a la propiedad intelectual del anteproyecto, ligaba necesariamente su ejecución a Calatrava.

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