Futuribles

01.10.2017 | 01:58
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Se asegura por parte del Gobierno español que hoy no se celebrará ningún referéndum en Cataluña. Y la afirmación es creíble. El Ejecutivo está en condiciones de impedirlo y decidido a ello. El operativo diseñado por el Ejecutivo autonómico catalán con la ayuda de las fuerzas independentistas ha sido inutilizado casi en su totalidad. Pero el despliegue policial dispuesto indica que algo puede ocurrir. Sea lo que sea lo que suceda, tendrá consecuencias políticas. A diferencia de la votación que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2014, que a lo sumo sirvió para dar ánimo a los soberanistas y de aviso para el resto de los españoles, el pulso planteado por los dirigentes nacionalistas al Estado al margen de la ley llega a su momento crítico. En la cuestión catalana habrá un antes y un después del día de hoy.

Todo está en juego en la política nacional. El empeño puesto por el Gobierno del PP en que la votación no se desarrolle con una mínima formalidad que le otorgue algún valor obedece al objetivo de que prevalezca el Estado y su Gobierno no salga derrotado de este desafío. Lo primero es seguro; lo segundo está por ver. Resulta inconcebible que el Estado español claudique y se desmorone por la vía que han elegido los independentistas. Sería tanto como convertirse en un estado fallido, una eventualidad que no se divisa ni remotamente. Haya o no proclamación unilateral de la independencia de Cataluña, el estado se impondrá. Otra cosa es el elevado coste político que va a pagarse por frustrar el plan independentista.

Sin embargo, el Gobierno podría correr distinta suerte. A su debilidad de origen hay que añadir el desgaste que su actuación le está causando y que el único apoyo sin reparos que ha recibido sea el que proviene de Ciudadanos. La estrategia que adopte a partir de mañana estará condicionada por un dilema con graves implicaciones políticas y electorales, y de su actitud va a depender la beligerancia de la oposición en este asunto. Téngase en cuenta que casi un tercio del Congreso reclama la negociación de un referéndum legal, el que hoy no ha podido celebrarse. La crisis catalana es la principal amenaza a la estabilidad política del país, una vez que Pedro Sánchez, cuya prioridad era desbancar a Rajoy, ha admitido que esperará a las próximas elecciones para intentarlo, descartando así una moción de censura.

Con los datos de las votaciones más recientes y de los últimos sondeos en la mano, es probable que en torno a la mitad de los catalanes responda a la convocatoria y que la inmensa mayoría de ellos se acerque a las mesas con la intención de votar a favor de la propuesta independentista, pero en vista de los impedimentos con que se van a encontrar es imprevisible el porcentaje de los que finalmente lograrán depositar la papeleta. Dada la abstención generalizada de los que se oponen incluso a la votación misma, pocas dudas caben de que la opción independentista será la más votada. De manera que habrá que poner la atención, primero, en si ha podido hacerse el escrutinio y se anuncia un resultado, y, luego, en la participación registrada, porque del significado que los dirigentes catalanes den en particular a este dato podría desprenderse la decisión de declarar la independencia y, de acuerdo con el plan trazado, iniciar un proceso constituyente.

La cuestión catalana ha provocado un temblor que se ha dejado sentir en todos los estratos de la vida nacional. Quizá por esta razón Puigdemont, en su última aparición pública, ha cantado la victoria de antemano. La opinión pública española ha tardado un tiempo en tomar conciencia del alcance de la apuesta independentista, pero se va haciendo cargo de lo que supondría la pérdida de Cataluña y una modificación de fronteras en Europa. Los actores políticos y los analistas hacen sus pronósticos extremando la prudencia. La crisis abierta por los nacionalistas catalanes quedará cerrada cuando el episodio de hoy surta todos sus efectos, pero la cuestión catalana no se acaba aquí.

Tal como está planteada, la clave estriba en la extensión y consistencia del independentismo. Se presume que es firme y que con el relevo generacional crecerá hasta un punto en que no será posible negarse a su demanda de celebrar un referéndum. Pero hay que recordar que hace solo unos años los independentistas eran apenas una cuarta parte de los catalanes, hasta que en 2012 Convergencia Democrática osciló hacia posiciones soberanistas, como hizo el PNV en el País Vasco con el Pacto de Estella, que arrastró a su electorado a postulados rupturistas para luego devolverlo al estado autonómico, donde se integra mayoritariamente en la actualidad, bien es cierto que con toda clase de reticencias. En ambos casos, el elemento que hace bascular hacia el soberanismo, al menos transitoriamente, es el partido nacionalista moderado sobre el que pivotaba el sistema de partidos y el gobierno de la respectiva comunidad autónoma. Aunque es claro que la cuestión catalana ha adquirido una dimensión superior y una complejidad extrema.

Según Juan José Linz, que dedicó parte de su vida a estudiar el caso español y otros similares, las tensiones de los estados plurinacionales o multiculturales no tienen una solución definitiva y para gestionarlas consideró que lo más conveniente era generar entre las elites políticas estatales y regionales una dinámica consociacional constante, de negociación y pactos, justo la contraria de la seguida en la insólita situación presente. Para explorar esa posibilidad únicamente haría falta que por encima de todo los dirigentes catalanes respeten el orden constitucional español y que el Gobierno del Estado se muestre más empático con Cataluña. Todo ello requiere tiempo, un bien escaso en la política, máxime cuando los independentistas manifiestan mayor ansiedad por avanzar en sus posiciones. Un futuro así no mueve al entusiasmo, pero probablemente sea el único que a largo plazo podría mantener a Cataluña unida a España.

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