La Audiencia Nacional llama a declarar a Trapero por sedición

La Unión de Guardias Civiles denuncia a Trapero por organizar "un operativo fraudulento e ineficaz" el día de la consulta

05.10.2017 | 01:19
Cuixart, junto al resto de los directivos de Òmnium Cultural, firma la notificación de la Audiencia Nacional.

El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y una intendente de la Policía catalana, Teresa Laplana, han sido citados para mañana por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para que declaren como imputados por un presunto delito de sedición.

El motivo de la citación no es otro que el asedio que sufrió la Guardia Civil mientras registraba la Consejería de Economía de la Generalitat, el pasado 20 de septiembre, cuando el edificio estaba rodeado por una turba de miles de personas, y el papel que jugaron los mandos de los Mossos durante los incidentes, en teoría una protesta por el arresto de dos colaboradores de Oriol Junqueras: Josep María Jové y Lluís Salvadó.

La citación es a petición del fiscal, que solicitó la imputación de los cuatro después de examinar el atestado de la Guardia Civil sobre los disturbios. Tras el asedio, la Fiscalía denunció los hechos como constitutivos de un delito de sedición y la juez la admitió a trámite.

La juez pidió el informe del instituto armado que incluye hasta seis peticiones por escrito a los Mossos en relación con los incidentes de la Consejería, contestadas -en algún caso dos horas después- con escuetas respuestas de que se había dado trámite a la solicitud.

Además de las peticiones por escrito, los guardias pidieron en varias ocasiones ayuda a Laplana, desplazada al lugar desde primera hora de la mañana, pero hasta las 14.30 horas no se presentó un responsable de la Unidad de Control de Masas.

En una de esas peticiones, se traslada a la intendente de los Mossos la necesidad de proteger los tres coches que habían quedado fuera y que ya estaban rodeados. Se le dijo que los coches tenían "armas largas" y que si los manifestantes accedían a los vehículos "podría incrementarse la amenaza". La intendente respondió, según el atestado, que no podía hacer nada y que su intención era "mantener la situación".

El relato de los guardias que actuaron revela que los agentes que custodiaban la puerta se vieron obligados a entrar en el edificio para evitar "el enfrentamiento directo" ante la actitud "cada vez más hostil" de los manifestantes concentrados.

A medida que avanzaba el día y crecía el número de asistentes, la Guardia Civil constató que la protesta estaba coordinada y organizada, con voluntarios que formaron una cadena humana para permitir la salida de las autoridades y trabajadores, pero no de la comitiva judicial. A las diez de la noche finalizó el registro, pero la comisión judicial "quedó retenida y sitiada en contra de su voluntad".

A las dos horas, Sánchez y Cuixart, subidos a un coche de la Guardia Civil -que ya habían sido destrozados- arengaron a los asistentes a persistir en la protesta. A juicio de la Guardia Civil, ambos demostraron capacidad para coordinar la protesta, pero no usaron ese control para disolver una manifestación que habían convocado y que estaba "coaccionando" a los agentes.

Cuixart, que citó a los medios para que dieran cuenta de que firmaba la notificación de la Audiencia, descalificó el atestado de la Guardia Civil porque está "lleno de imprecisiones y falsedades", dijo que nunca se llamó a usar la violencia y que estuvieron "en constante comunicación con los Mossos d'Esquadra y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intentado controlar la situación".

Por otro lado, la Unión de Guardias Civiles denunció a Trapero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por sedición, desobediencia y omisión del deber de perseguir delitos por organizar "un operativo fraudulento e ineficaz" el 1-O.

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