Suspensión

Podemos inhabilita a su presidenta de Garantías

Suspende tres años a Olga Jiménez por excederse en sus funciones, arrogarse competencias que no eran suyas e incumplir los estatutos

11.10.2017 | 01:33
Irene Montero y Pablo Iglesias en el Congreso.

Podemos ha acordado suspender e inhabilitar durante tres años para cargos internos y de representación del partido a la expresidenta de la Comisión Estatal de Garantías, Olga Jiménez, por excederse en sus funciones, arrogarse competencias que no eran suyas e incumplir los estatutos.

Así consta en la resolución de la Comisión de Deliberación y Decisión de Podemos encargada de resolver el expediente disciplinario abierto a Olga Jiménez a raíz de un dictamen en el que proponía la nulidad de los nuevos estatutos aprobados por la dirección por no figurar en los documentos que se aprobaron en Vistalegre II.

Dicha comisión, señala en la resolución, a la que ha tenido acceso Efe, que "ha alcanzado la certidumbre" de que Olga Jiménez "se ha excedido ampliamente de sus funciones, arrogándose competencias que no le son propias, incumpliendo los estatutos y los documentos ético y organizativo de Podemos para ajustar los resultados a sus intereses".

En concreto, sanciona a Olga Jiménez con un año de suspensión e inhabilitación para cargos orgánicos por difundir el dictamen que declaró nula la adaptación de los Estatutos realizada por el Consejo de Coordinación estatal -la ejecutiva de Podemos- "falseando" su "falta de legitimidad".

La resolución mantiene que la Comisión de Garantías no tiene competencia para declarar nula la adaptación de los estatutos que hizo la dirección y que, por tanto, Olga Jiménez aprobó ese dictamen sin tener atribuciones para hacerlo.

Llega a afirmar que "el único órgano que puede fiscalizar la actuación del Consejo de Coordinación y determinar si se desempeña de acuerdo con la voluntad expresada por la Asamblea Ciudadana es la propia Asamblea Ciudadana", que además cuenta con el mecanismo de "revocación" de los órganos de Podemos.

A pesar de ello, argumenta, Jiménez difundió ese dictamen presentando su opinión como si fuera la de toda la comisión, y que lo hizo primero en un grupo de "conversación virtual" con representantes de las comisiones autonómicas y después en los medios de comunicación, causando "un grave daño a la imagen del partido".

Igualmente, se impone a la expresidenta otra sanción de un año de inhabilitación por imputar infracciones "falsamente y sin posibilidad de defensa" a la secretaria de la Comisión de Garantías, a la que cesó por "un enfrentamiento personal" por no compartir su criterio.

Por último, la sanciona con otro año de inhabilitación por utilizar su cargo para acceder a datos personales del resto de miembros de este órgano sin su consentimiento, conducta que prohíbe expresamente la normativa interna de Podemos.

En total, tres años de inhabilitación para desempeñar cargos en Podemos porque entienden que Jiménez ha actuado "de forma autoritaria y causado daño a compañeros", acusando de forma injusta de ilícitos a otros órganos del partido, aprovechando su posición para dañar gravemente la imagen de Podemos" y "recurriendo para ello a todos los medios a su alcance, las más de las veces -añaden- con temerario desprecio de la verdad".

La comisión de Deliberación y Decisión que ha adoptado esta resolución está integrada por tres miembros de Garantías Estatal: Argiro Giraldo, Nuria Martín e Isabel Serrano.

Giraldo y Serrano denunciaron a Jiménez por "excederse en sus funciones" cuando intentó declarar nulos los nuevos estatutos, por lo que fue suspendida.

Esta suspensión y el rechazo a los nuevos estatutos provocó la polémica en el seno de la formación morada, al aliarse varias federaciones y comisiones de garantías autonómicas con la línea crítica defendida por Jiménez.

Incluso una de las corrientes minoritarias, "Profundización democrática" presentó ante el juzgado una demanda civil contra los nuevos estatutos.

No obstante, el pasado 7 de septiembre la Comisión de Garantías Democráticas Estatal de Podemos acordó ratificar el expediente disciplinario contra su todavía presidenta, Olga Jiménez, y dejar sin efectos todas las decisiones que tomó.

En una reunión celebrada de forma telemática, la Comisión de Garantías aprobó que sólo serían válidos los acuerdos de los plenos integrados por los cinco titulares y suscritos por el presidente en funciones, Argiro Giraldo.

Una vez resuelto ahora el expediente disciplinario, Jiménez podrá presentar un recurso ante el pleno de la Comisión de Garantías Estatal en un plazo de 15 días.

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