El empresariado gallego afea a su presidente el cambio de postura sobre la crisis catalana

"El único camino es la Constitución; el resto son ilegalidades", sentencian los críticos

13.10.2017 | 01:30

Las declaraciones del presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antón Arias, sobre el conflicto en Cataluña, en las que abogaba por el diálogo y por una consulta pactada para salir de la situación actual, no han sentado nada bien a los empresarios gallegos. A las críticas de los líderes de las patronales provinciales de Pontevedra y Ourense -enfrentados desde el principio con Arias-, se han sumado las de las organizaciones sectoriales y miembros de la propia directiva de la CEG.

Es el caso del presidente de la comisión económica de la patronal gallega, José Antonio Vázquez Freire, que no entiende la postura del presidente de la organización, muy distinta a la trasladada por todas las organizaciones empresariales de Galicia el pasado 25 de septiembre, antes de la consulta ilegal del 1 de octubre. "El tejido empresarial gallego quiere seguridad económica y jurídica y que se cumpla la ley, algo que debe hacer todo el mundo. Lo que está pasando en Cataluña no se puede permitir: o se rompe la carta que declara la independencia o se disuelve el Parlamento catalán. No hay otro camino", sentenció el vicepresidente económico de la CEG en declaraciones a este diario.

El comunicado de la patronal gallega de septiembre, recuerda Vázquez, defendía la legalidad vigente y se mostraba "radicalmente en contra" de la convocatoria del referéndum. "El único camino que hay es la Constitución; el resto son ilegalidades. No se puede imponer una minoría a la mayoría, eso es fascismo", aseveró el también presidente de la asociación Cegasal.

Sobre el discurso totalmente distinto defendido por Arias pocos días después de emitirse la nota de la CEG, apuntó: "Quiero pensar que hablaba a nivel personal, porque el tejido empresarial de Galicia apuesta por la legalidad, igual que la institución que preside".

El comunicado previo a la consulta, pactado por todas las patronales gallegas, dejaba clara la posición "radicalmente en contra del referéndum y de cualquier solución que suponga incrementar las diferencias entre comunidades, aumentando la desigualdad y la pobreza en el conjunto del país".

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